Aunque la política penitenciaria está fuera de su ámbito competencial (depende de Interior) el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no podía eludir la cuestión en su visita a Euskal Herria apenas dos días después de la histórica manifestación de Bilbo. Así que aprovechó su discurso en la toma de posesión de Carlos Urquijo como delegado del Gobierno español en la CAV para excluir la posibilidad de una amnistía y apelar a que las medidas se adoptarán con carácter individualizado.

Gallardón aludió al «principio de legalidad» para recordar que la Constitución de 1978 «establece claramente la prohibición de los indultos generales, que es una forma también de excluir la figura legal de la amnistía». Y añadió que también «establece siempre el carácter individualizado de cualquier medida, lo que afecta, por supuesto, a las políticas penitenciarias».

Insistió en que en esta materia el «Gobierno se basará siempre en la legalidad y, en consecuencia, exigirá una disposición individualizada por parte de los reclusos condenados acorde con los requerimientos normativos: petición de perdón y ánimo de reconocer a las víctimas».

En el mismo discurso, el ministro de Justicia reclamó a ETA que al cese de la actividad armada «le suceda la disolución de sus estructuras, su desarme total y la entrega de cuantos medios pueden estar aun al servicio de quienes han tratado de esclavizar a los vascos y de amedrentar a todos los españoles».

Alberto Ruiz Gallardón participó también en Iruñea en la toma de posesión de Carmen Alba como delegada del Ejecutivo español en Nafarroa. En este acto, el ministro hizo una referencia especial a que «el Gobierno de España renueva su apoyo y compromiso con las víctimas del terrorismo».

Tanto Urquijo como Alba estuvieron acompañados de sus respectivas tomas de posesión de diversos cargos de PP, PSOE y UPN, además de mandos de las FSE, del Ejército y de otras instituciones del Estado, autonómicas, provinciales y municipales.

Por otra parte, ayer trascendió que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunirá el 24 de enero con el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, y que, entre otras cosas, hablarán de la política penitenciaria.

Respuesta al ministro

En respuesta a las declaraciones de Ruiz Gallardón, en una nota de prensa la izquierda abertzale señaló que «es el Gobierno español el que debería abandonar la política penitenciaria de excepción que de forma colectiva se aplica a las presas y presos políticos vascos, pasando a una aplicación de la legislación ordinaria que posibilite el respeto de los derechos de las personas presas».

La izquierda abertzale indicó que «esto conllevaría la puesta en libertad de los que tengan su pena cumplida y de los que se encuentran gravemente enfermos, y el traslado a cárceles de Euskal Herria de todo el colectivo».