El impacto de la manifestación del sábado en Bilbo ha sido innegable. Los burdos intentos de aminorar la asistencia, provenientes de determinados sectores políticos y mediáticos, no tuvieron éxito, y la contundente imagen de la movilización ha obligado a todos los agentes a fijar posición en un escenario que cambia prácticamente cada semana. El domingo fueron los líderes de PNV y PSE, Iñigo Urkullu y Patxi López, quienes se vieron obligados a desmarcarse de una política penitenciaria que causa un rechazo generalizado en Euskal Herria, y ayer el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, intentó poner pie en pared y defender la posición oficial del gobierno, un cometido cada vez más complicado en este país. Madrid tomó nota de la marcha del sábado, igual que de los sondeos del CIS o de los resultados electorales, que el año pasado premió a aquellos que han hecho una apuesta decidida por la paz y la democracia.

La situación de los presos centra el debate político y, en este materia, hay que exigir responsabilidad a quienes tienen en su mano abrir un escenario que satisfaga a todos y permita avanzar hacia una solución definitiva.