El 29 de noviembre de 2009 fue un día de caos en Leitza. De madrugada, uno de los agentes de la Guardia Civil llamó a sus compañeros avisando de que unos desconocidos le habían disparado en el brazo para después salir huyendo. El guardia avisó también de que había varios tubos de PVC apuntando contra el cuartel y conectados a un dispositivo con unos cables eléctricos, por lo que recomendó a sus compañeros no salir.

La catarata de reacciones fue inmediata y, entre otras, hubo una condena fulgurante por parte del Ayuntamiento de Iruñea. Pero para mediodía todo empezó a enrarecerse. Ya nada estaba claro y, poco después, se comprobó el montaje de Salvador Meléndez. Mañana, tendrá que comparecer ante el Juzgado de lo Penal por desórdenes públicos y simulación de delito. La petición fiscal por los desórdenes asciende a ocho meses de cárcel, mientras que por fingir el atentado se expone a ocho meses de prisión más las costas.

Al agente le atenderá en calidad de defensor el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun, mientras que la única acusación estará ejercida por el Ministerio Fiscal. Resulta llamativo que se soliciten unas penas tan bajas. La simulación de delito por parte de un funcionario público está castigada con entre seis meses y dos años de cárcel (además de la multa) cuando se trata de un delito grave. Sin embargo, el fiscal da por buenos dos atenuantes difíciles de explicar. En primer lugar, indica que la instrucción del caso se ha dilatado demasiado en el tiempo, aunque es el segundo punto el que causa la sorpresa: La Fiscalía admite que el agente tenía las facultades síquicas alteradas de tal forma que era incapaz de entender completamente la «ilicitud del hecho». En ese caso, es difícil comprender cómo es que Meléndez podía estar armado y en activo en Leitza.

Regresó a petición propia

La minuta del juicio aporta una serie de detalles que aclaran, en parte, el porqué de esa supuesta alteración mental. Se dice textualmente que «durante la comisión de los hechos tenía sus capacidades intelectivas y volitivas con carácter leve debido al estado emocional en el que se encontraba unido a su personalidad histriónica y mitomaníaca». Más adelante, el fiscal dice que será oportuno «aportar la hoja de antecedentes penales del acusado».

No se han dado al conocer delitos cometidos por el agente anteriores a esta causa. Sí se hizo público que Meléndez, natural de Málaga, vio morir a Juan Carlos Beiro al retirar una pancarta bomba. Meléndez, según el diario «ABC», quedó traumatizado por este hecho y, en consecuencia, se le trasladó. Regresó a Leitza tiempo después por petición propia. Este hecho podría relacionarse en el juicio con el «estado emocional» alterado del agente. Sin embargo, resulta significativo que entre un hecho y otro transcurren cinco años, y en consecuencia, hubiera sido negligente mantener a Meléndez en el cuartel de Leitza.

Además, testificarán en el juicio ocho guardias en calidad de testigos y la pericial quedará a cargo de otros dos agentes del cuerpo y de un perito forense. Fueron, precisamente, las pruebas forenses las que desmontaron la simulación de Meléndez, ya que demostraron que la distancia de los disparos no concordaba con el testimonio del guardia. Se disparó a sí mismo. Luego se comprobó que no había restos de explosivo en los tubos y que el supuesto accionador era un montaje burdo.