La Declaración de Alsasua de noviembre de 2009 que inspira los pasos actuales del nacionalismo vasco de izquierdas aludió a los Principios Mitchell de 1996 como guía de su actuación. Según los Principios, los medios para resolver los problemas políticos debían ser democráticos y exclusivamente pacíficos. Fueron ellos los que inspiraron el proceso de paz en Irlanda del Norte.

Si se compara la teoría y la práctica de este proceso con la actitud mantenida hasta ahora por los Estados español y francés, las diferencias son enormes. Examinemos sus principales elementos:

La reparación de las víctimas: En junio de 1998 se creó la Unidad de Víctimas en Irlanda del Norte. Pero la distribución de su fondo dio lugar a polémicas: asociaciones unionistas que alegaban representar a «las víctimas del terror nacionalista» se unificaron en un organismo paraguas para marginar a los republicanos. El Secretario de Estado Bloomfield no excluyó sin embargo de la Comisión de Víctimas a quienes no apoyaban al Estado británico, ni a las víctimas de la violencia estatal. Avanzado el proceso, los responsables políticos de las partes enfrentadas se pidieron simbólicamente perdón por el sufrimiento causado

El tratamiento de las víctimas en nuestro caso difiere enormemente del modelo norirlandés. Desde marzo de 2011 existe una iniciativa aprobada por el Parlamento vasco para atender a todas las víctimas de motivación política apoyada por todos los grupos; menos el PP y UPyD, los cuales se oponen a equiparar a las víctimas de ETA con las que sufrieron violencia policial o de grupos ultraderechistas.

El Gobierno español de Rajoy ha asumido el discurso unilateral de estos dos partidos y su ausencia de imparcialidad. Ello ha convertido la exigencia a ETA de petición de perdón en la humillación unilateral de una de las partes del conflicto.

La entrega, o decomiso, de las armas: Según el Mitchell Report, éste debía ser supervisado por un organismo independiente: la Comisión Independiente Internacional para el Decomiso, la cual fue presidida en efecto por el General canadiense De Chastelain. Las armas ilegales fueron entregadas a la Comisión y no a las fuerzas de seguridad, y fueron destruidas para impedir tanto su uso ilegal como futuras acciones judiciales contra quienes las hubieran portado o utilizado.

En nuestro caso, la arrogancia del anterior Gobierno socialista al afirmar que la única verificación sería la realizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido heredada por el Gobierno del PP; si bien hay que decir que la visita y las declaraciones de la Comisión Internacional de Verificación han sido tratadas con respeto.

La cuestión de los presos: En 1994 había 1429 presos en las cárceles de Irlanda del Norte, y un pequeño número en las de Gran Bretaña, Irlanda, EEUU y Europa continental. Las comunidades tenían visiones muy distintas de los presos. Para los unionistas se trataba de terroristas criminales; para los republicanos, miembros de un ejército de resistencia contra el colonialismo británico. Pero cualquier acuerdo exigía su liberación.

Una Comisión Independiente examinó cada caso. No se trataba, por tanto, de una amnistía: los presos que volvieran a implicarse en la violencia deberían regresar para completar la totalidad de la condena. El Acuerdo de Stormont de 1998 estableció dos salvaguardias: los familiares de las víctimas tenían derecho a pedir información sobre la puesta en libertad de los condenados, y las liberaciones eran condicionales: si la persona liberada volvía a ser procesada durante el tiempo de la condena tendría que volver a prisión. Sin embargo, la liberación de los presos ha sido implementada sin mayores dificultades en el plazo de unos pocos años.

En el País Vasco existen en la actualidad más de 700 presos de ETA o de su llamado «entorno» dispersos en 80 cárceles y separados 650 kms. por término medio de sus familias. Sólo 40 están encarcelados en tierras vascas, y unos 110 padecen enfermedades físicas. De momento reina un inmovilismo total en esta cuestión, la más sensible sin duda para una gran mayoría de la sociedad vasca. Las fuerzas políticas españolas coinciden en afirmar que no habrá amnistía; lo que no es óbice, como lo demuestra el caso norirlandés, para la liberación de los presos.

La actitud de la izquierda abertzale está siendo pragmática y gradualista. La gigantesca manifestación convocada por la iniciativa Egin Dezagun Bidea el 7 de enero de 2012 en Bilbao en defensa de los derechos de los presos, la mayor sin duda de las realizadas en el País Vasco, se centró en temas tales como el acercamiento de los presos, la puesta en libertad de los afectados por enfermedades irreversibles y de los que debieran ser liberados en aplicación del reglamento penitenciario, la derogación de la doctrina Parot...

Dirigentes del PNV y el Lehendakari socialista del gobierno vasco han pedido, éste en su entrevista reciente con Rajoy, una readecuación de la política penitenciaria. Pero el gobierno del PP exige como requisito previo la disolución de ETA y la petición unilateral de perdón por sus presos, y no ha adoptado de momento medida alguna, incluyendo la inhabilitación de las medidas represivas especiales..

La mediación internacional: Esta ha sido un elemento necesario en la construcción de la paz en sociedades divididas por conflictos nacionales, donde que lo que está en juego es la naturaleza de los Estados involucrados.

Esta mediación, vehiculada a través del Grupo Internacional de Contacto, se ha manifestado en la Conferencia de Ayete de octubre de 2011, seguida a los pocos días por la Declaración de ETA de cese de la actividad armada. Sus portavoces, Koffi Anan y el senador Mitchell, junto a todos los protagonistas de la resolución del conflicto de Irlanda del Norte, confirmaron que lo que contaba, contrariamente al discurso de los gobernantes españoles, era la declaración de cese definitivo de la actividad armada, y no la disolución o la entrega de las armas. Dieron también por descontado que mientras siguiera habiendo presos de ETA en las cárceles seguiría existiendo una ETA no violenta dedicada a resolver esta consecuencia del conflicto por medios pacíficos, tales como el diálogo con los Gobiernos.

La divergencia de estos planteamientos con los de los Estados español y francés es evidente; aunque al norte de los Pirineos, la aprobación parlamentaria del principio del acercamiento de los presos a sus hogares ha sido un paso dado en la buena dirección

La inclusividad: Es obvia la necesidad de integrar como interlocutores a todos los agentes necesarios para la consecución de la reconciliación sostenible. Y sin embargo, este requisito de todo proceso de paz no se ha aceptado aún en nuestro caso. Baste con señalar que el partido Sortu creado en febrero de 2011 sigue ilegalizado, que Arnaldo Otegi y los dirigentes de la izquierda abertzale que la habían conducido a la situación actual están encarcelados, y que el PP no ha permitido a Amaiur formar grupo parlamentario propio, negándose el presidente Rajoy a recibir a sus portavoces.

Conclusiones: Esta fotografía poco halagueña de la situación no debe incitar al pesimismo, y aún menos a la pasividad. Cuando todo un pueblo está en marcha es inútil poner puertas al mar; de hecho, aunque mínimas, empiezan a darse respuestas en las instituciones

Se está abriendo en el País Vasco la posibilidad de un pacto sin exclusiones. Pues la reconciliación sostenible significará finalmente eso: la construcción del lugar en el que, tras aceptar que las visiones de las causas profundas del conflicto son por fuerza distintas, se consensúe la convivencia entre los diferentes.