FINANZAS PÚBLICAS
La Diputación de Gipuzkoa no descarta intervenir ayuntamientos
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
La bajada de la recaudación fiscal en el año 2011 obliga a los ayuntamientos guipuzcoanos a devolver a la Diputación un total de 49,7 millones de euros correspondientes al Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM). Los representantes de los consistorios acudieron ayer por la mañana a la sede de la Plaza Gipuzkoa para escuchar de primera mano las fórmulas que el ente foral plantea para que lleven a cabo dichos pagos.
Posteriormente, el diputado general, Martín Garitano, y la diputada de Hacienda, Helena Franco, comparecieron ante los medios para dar a conocer los contenidos de la cita. Según explicó Franco, los ayuntamientos tendrán que abonar el 50% de esta deuda este mes, y el resto en tres partes iguales en mayo, agosto y noviembre.
La primera mitad habrán de detraerla de sus recursos, mientras que para la otra mitad podrán acudir a una línea de crédito que la Diputación negociará con entidades financieras. Estas cantidades deberán devolverse en un plazo no superior al año 2014, y tanto el capital como los intereses tendrán la garantía del propio FOFIM.
«Los intereses y las amortizaciones de esos préstamos se abonarán directamente de las cuotas que los municipios deban recibir del Fondo Foral del año en que se plantee la amortización», indicó Franco.
La diputada de Hacienda reveló que hay ayuntamientos que no podrán cumplir con estos pagos, ya que se encuentran «en una situación muy crítica» y sus problemas «van más allá» de la devolución de estas cantidades.
«Con todas las consecuencias»
Para quienes se hallen en esta tesitura, la Diputación plantea «una revisión general de la situación, una gestión compartida del presupuesto y un plan de saneamiento a medio plazo que permita subsanar las actuales deficiencias estructurales de carácter financiero que puedan tener». Esta «intervención» -término que Franco se resistió a emplear- habrá de ser «voluntaria y con todas las consecuencias», ya que supondrá «la participación de la Diputación en tomas de decisiones de cuestiones que afectan a su propio municipio».
Preguntada por cuántos ayuntamientos, y cuáles, estarían en esta situación, informó de que se ha entregado un cuestionario para que cada gobierno local exponga su situación. Dicho test tendrá que ser entregado la próxima semana y entonces se conocerá quiénes no pueden abonar los pagos.
Franco asumió que el planteamiento de la Diputación es «exigente» y que «sería más fácil retrasarlo para 2014, 2015 o 2016, pero no sería lo correcto», ya que es una fórmula empleada anteriormente que solo ha servido «para aplazar el problema y agrandarlo». Cabe recordar que los ayuntamientos tienen que abonar todavía parte de las devoluciones del año 2009, un total de 99 millones cuyo pago se pospuso fraccionándolo en tres ejercicios.
El diputado general, Martín Garitano, se comprometió con los alcaldes a defender un «reparto equilibrado» en la negociación de la Ley de Aportaciones, al entender que Gipuzkoa «sale perjudicada en la actualidad». Además, recordó que la aportación a los consistorios se ha incrementado en un 0,5% este año, y que el curso que viene volverá a subir otro medio punto. Anunció que se analizarán los criterios de reparto y las competencias de cada institución para buscar una mayor cohesión territorial. En cuanto a la mejora de la autofinanciación de los ayuntamientos, Diputación les ha propuesto implementar para las viviendas vacías un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y rebajar la base mínima del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de dos millones de euros a un millón.
«Si realmente queremos buenos servicios públicos, ayudas de cierta calidad o equipamientos adecuados en nuestros pueblos, debemos ser conscientes de que todo eso hay que pagarlo con una estructura sólida que permita mantenerlo, y esa no es otra que la recaudación tributaria y el sistema fiscal», sentenció Franco. Ante una situación que puede causar roces internos -Bildu gobierna casi el 70% de los municipios guipuzcoanos-, insistió en que «hemos venido a hacer una buena gestión y a tratar de solucionar problemas, no a aplazarlos». I.I.
El delegado de Hacienda de Irun, Miguel Ángel Páez (PSE), criticó la «falta de flexibilidad» y la «nula capacidad de negociación» de la Diputación.
El Ayuntamiento de Hondarribia (PNV) se declaró «decepcionado» y añadió que esperaba «más comprensión» por parte de Bildu hacia la realidad municipal.
Helena Franco reconoció que su planteamiento «tiene poco margen» para la negociación. Preguntada por la reacción de los consistorios, señaló que «todos estamos mal, pero creo que lo han entendido y que están de acuerdo con la filosofía».
