El Gobierno español limita a 600.000 euros los sueldos en bancos con ayudas públicas
Los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), entre ellos Banca Cívica, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros. Así se recoge en la reforma del sector financiero aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que obliga a las cajas de ahorros que desarrollan su negocio financiero a través de un banco, como es el caso de Kutxabank, a simplificar sus órganos de gobierno.
GARA | MADRID
Después de avanzar el pasado jueves el endurecimiento de las provisiones de los activos inmobiliarios, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, desveló ayer dos novedades más de la reforma, los límites a los salarios de la banca con ayudas públicas, y la eliminación de órganos de control en las cajas.
En cuanto a los salarios, el Gobierno español ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas. Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, reconocieron que perciben remuneraciones de 900.000 euros. El ranking lo encabeza el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, que reconoció unos emolumentos anuales de 2,34 millones de euros.
La reforma establece también un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades controladas por el FROB, y que serán subastadas a lo largo del año.
Estas entidades, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría calificó como «intervenidas», son Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia, a las que se une el Banco de Valencia, cuyo consejo de administración fue destituido por el Banco de España hace unos meses.
Además de establecer este techo, la reforma indica, para el caso de las entidades con créditos públicos, que la alta dirección deberá registrar un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.
En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público «del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad».
Órganos de las cajas
En cuanto a las cajas de ahorro, la reforma establece que aquellas que desarrollan su negocio financiero a través de un banco tendrán que limitar sus órganos de gobierno, exclusivamente, a una asamblea general y a un consejo de administración, para simplificar su estructura y tratar de ahorrar gastos.
En cualquier caso, el número de miembros de cada uno de estos órganos de gobierno y la periodicidad de sus reuniones quedarán fijados en los estatutos de las cajas de ahorros.
Además, si las cajas no pierden el control de sus bancos o su participación no baja del 25%, no estarán obligadas a convertirse en fundaciones.
Hasta ahora, la ley obligaba a que las cajas de ahorros se convirtieran en fundaciones si controlaban menos del 50% de los bancos que crearon, lo que impedía que muchas entidades pudieran ampliar fácilmente su capital.
De Guindos afirmó que la reforma mejorará la credibilidad de las entidades financieras, que podrán financiarse en los mercados de capital y esto, «antes o después», se reflejará en la puesta de créditos a disposición de familias, pymes y autónomos.
La Organización de Consumidoresy Usuarios (OCU) se preguntó «si un banco dará un crédito a una persona con un trabajo precario, que está a punto de irse al paro o con parte de la familia que no trabaja».
Sindicatos y organizaciones de consumidores dudaron ayer de que la reforma permita recuperar el flujo de crédito a las familias y pequeñas empresas españolas, tal y como aseguró ayer el ministro de Economía.
El sindicato LAB lamentó que el Ejecutivo español no exija responsabilidades «a los principales causantes de la crisis» financiera y que la reforma «lo único que va a hacer es `sanear' los balances de las entidades financieras» a costa de los ciudadanos.
UGT, que calificó la reforma de «poco ambiciosa», puso el acento en los riesgos que entrañan las fusiones para el empleo, por lo que exigió la presentación de «planes de viabilidad que tengan como prioridad la recolocación de estos trabajadores».
Para Izquierda Unida, la reforma solo beneficia a los grandes bancos, por lo que insistió en que, para que fluya el crédito a las pymes y a las familias, es necesaria una banca pública «solvente y libre de gestión especulativa», así como la «nacionalización de las cajas de ahorro».
Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, mostró también sus dudas de que el dinero vaya a fluir a partir de la reforma y se preguntó «si un banco dará un crédito a una persona con un trabajo precario, que está a punto de irse al paro o con parte de la familia que no trabaja», e incluso si «un ciudadano, en su sano juicio, traspasará la puerta si no tiene perspectivas laborales estables». En su opinión, «en vez de fluir el crédito, se va a cortar más el grifo porque se van a pensar muy mucho a quién están dando ese crédito». GARA
