El departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa reiteró ayer que ni confirma ni desmiente que estén investigando la tributación de las sociedades del tenista Rafa Nadal entre 2006 y 2011. El ente foral se limita a decir que no ofrece datos sobre las obligaciones de contribuyentes concretos. La diputada de Hacienda, Helena Franco, se remitió a la comisión que se ha constituido en Juntas Generales para analizar todo lo referente al pago del Impuesto de Sociedades en Gipuzkoa.

Ésta fue la respuesta oficial ayer a la pregunta sobre el «caso Nadal», después de los datos que la página de internet Primeran viene publicando sobre los importantes beneficios que habrían obtenido cien empresas y personas jurídicas utilizando la fórmula de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).

Las SPE son la variante guipuzcoana ideada por PNV y H1! de lo que en el Estado español son las Sociedades de Capital Riesgo. El partido jeltzale creó esta posibilidad durante su gestión en Diputación al objeto de atraer capitales del exterior y de ofrecer ventajas fiscales a grandes capitales del herrialde.

De hecho, las SPE son sociedades que, como se supone que asumen grandes riesgos al fomentar nuevas empresas, están exentas de pagar impuestos por los beneficios obtenidos por las sociedades a las que han prestado capital para su constitución.

La página web de Badiola, empresario que desde su salida de la Real está enfrentado al PNV, añade que, entre otros y de la misma forma que el tenista, se han visto beneficiados por la fórmula de las SPE «gran parte de los empresarios afines al PNV y muy especialmente los constructores». En esta lista se incluirían también el artista y empresario José Luis Moreno, la familia Aperribay -del actual presidente de la Real- o la familia Del Pino, fundadores y accionistas de Ferrovial.

Desmentido parcial del tenista

Tras hacerse públicas las informaciones sobre sus sociedades, el tenista Nadal hizo pública una nota en la que destacó que «desde el inicio de su carrera ha tenido su residencia fiscal en Baleares, como persona física». Esta puntualización supone admitir que como persona jurídica la ha tenido en otro lugar.

De hecho, reconoce que durante un periodo, su domicilio social «estuvo en territorio vasco», tras el cual trasladó su domicilio a Baleares. La nota niega que este traslado le haya reportado beneficio fiscal alguno, si bien lo que se está investigando es el trato de favor obtenido hasta dicho traslado.