El juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ordenó ayer a la Guardia Civil que revise la investigación hecha por la Policía sobre el «chivatazo» al dueño del bar Faisán de Irun, Joseba Elosua, que supuestamente alertó a ETA de una operación contra su aparato de cobro del «impuesto revolucionario» el 4 de mayo de 2006.

Así lo acordó el magistrado en un auto al que tuvo acceso la agencia Efe, en el que hace suya la postura del fiscal Carlos Bautista, quien el pasado 21 de diciembre informó sobre su decisión de no oponerse a que agentes de la Guardia Civil emitan «un estudio o análisis sobre el material del sumario», aunque rechazaba tanto la sustitución como la imputación del equipo investigador.

Ruz estima que esta diligencia es «de obligado e inevitable cumplimiento» tras la decisión adoptada en setiembre por el Pleno de la Sala de lo Penal, que revocó el procesamiento de los tres mandos policiales procesados -que siguen imputados- y criticó que el instructor se hubiera «nutrido de material indiciario aportado exclusivamente» por el equipo policial.

Juzgados de Irun

Pablo Ruz estima ahora que ese informe debe pronunciarse sobre la «compatibilidad o contradicción» que existe entre el acta de vigilancia de la cinta grabada del bar Faisán cuando se produjo el «chivatazo» y las declaraciones prestadas por Elosua.

Asimismo, la Guardia Civil deberá informar sobre el procedimiento del equipo investigador para identificar las posibles «llamadas sospechosas» y si se ha limitado a comunicaciones telefónicas mantenidas entre funcionarios policiales.

Además de las diligencias acordadas, el juez Ruz le pide al fiscal que, si cree que la causa debe ser remitida a los juzgados de Irun por considerar que los hechos no constituyen un «delito de terrorismo», se lo plantee formalmente.