El PP sacó adelante ayer la reforma laboral que ya había entrado en vigor a través de un decreto ley promulgado el 12 de febrero. Al Gobierno español le bastaba con su holgada mayoría absoluta, pero tras el debate en el Congreso, recabó también los apoyos de CiU, UPN y Foro por Asturias, por lo que se alcanzaron los 197 avales. Los partidos abertzales (Amaiur, PNV y Geroa Bai) se sumaron al «no» de PSOE, IU-ICV-CHA y el resto del grupo mixto, contabilizándose 142 rechazos. Con la aprobación garantizada por la hegemonía parlamentaria del partido liderado por Mariano Rajoy, ahora se abre un plazo para enmiendas, ya que la iniciativa se aprobó como proyecto de ley. De todos modos, estas dependen de la voluntad del Ejecutivo.

«Esta reforma es reaccionaria y solo satisface a la patronal, a la CEOE y al Gobierno del PP», sentenció el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, que recordó que la totalidad de los sindicatos de Euskal Herria se han posicionado en contra. Ante una iniciativa que «quieren imponernos, como hicieron con la Constitución española y con la OTAN», el electo abertzale aprovechó su intervención para sumarse a la convocatoria de huelga del próximo 29 de marzo. «Por medio de la flexibilidad laboral, el abaratamiento del despido, el aumento de la precariedad y la penalización de las bajas médicas se convierte a los trabajadores en mano de obra kleenex, en papel de cocina multiuso de usar y tirar, al mismo tiempo que el empresario se convierte en un señor feudal», alertó Cuadra.

El resto de formaciones abertzales también se sumaron al rechazo a la reforma laboral expresado por Amaiur. Por parte del PNV, Emilio Olabarria censuró que la norma «no generará empleo, ni por sí misma, ni en compañía de otras reformas». El diputado jelkide anunció que su formación presentará una batería de enmiendas para «corregir los desequilibrios» provocados por un proyecto de ley que, según denunció, destruirá puestos de trabajo y hará desaparecer el sector laboral del ordenamiento jurídico.

En los mismos términos se expresó Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai, que consideró que la consecuencia de la reforma será imponer lo que denominó «flexiinseguridad». La electa abertzale advirtió que «entrarán salarios más precarios y saldrán los más consolidados» y vaticinó un «tsunami» de despidos.

Cruce de acusaciones

Al margen de estas intervenciones, la sesión vino marcada por el habitual cruce de acusaciones entre PP y PSOE, que se enzarzaron en un debate sobre quién había impuesto más recortes durante su estancia en la Moncloa. La ministra española de Empleo, Fátima Báñez, defendió la reforma utilizando el argumento habitual de que únicamente desde la «flexibilidad» se puede frenar la destrucción de empleo. Además, defendió que la norma ha sido precedida de «diálogo social» e instó a los grupos a acordar mejoras.

El texto entra ahora en fase de alegaciones, ya que se aprobó como proyecto de ley. El PSOE ya ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad que estaría basada en la reforma laboral aprobada en 2010 por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad del Ejecutivo de Rajoy, que ostenta la mayoría absoluta. Quien sí introducirá modificaciones será CiU, que pactó su apoyo a cambio de aclaraciones competenciales en políticas de empleo. El grupo Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) aboga por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Una docena de encapuchados quemó ayer tarde varios contenedores en el barrio de Santutxu de Bilbo y rompió con mazas las cristaleras de una sucursal de Caja Navarra, según el departamento de Interior, que relacionó los hechos con unas pintadas aparecidas en apoyo al 29-M. Una persona fue detenida.