El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avaló ayer el modelo educativo de inmersión lingüística vigente en el Principat, después de estimar parte del recurso presentado por la Generalitat contra la sentencia que obligaba a introducir el castellano como lengua vehicular en la educación. El Tribunal, sin embargo, también asume el auto del Supremo, dando la razón a las tres familias demandantes y reconociendo su derecho a una escolarización en castellano. De esta manera, la resolución abre la puerta a que todas las familias que lo demanden puedan utilizar el castellano como lengua vehicular en la educación de sus hijos.

En el auto se puede leer que «el TSJC considera que no se puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Catalunya a partir de una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Supremo». Aquella sentencia del Supremo daba la razón a las tres familias demandantes, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, que considera el castellano como lengua vehicular en la educación.

Los 24 magistrados del Tribunal tomaron la decisión por unanimidad, exceptuando el voto particular de una jueza, que señaló que «continúa existiendo una situación de desventaja en el uso de la lengua catalana».

Pese al retroceso que supone la decisión del Tribunal respecto al modelo actual, la sensación de ayer en la Generalitat y en la plataforma a favor de la inmersión, Somescola, fue de alivio generalizado, ya que pese a reconocer el derecho de las tres familias al uso del castellano, la resolución no puso en duda un modelo educativo en catalán que, aseguran, ha funcionado correctamente durante los últimos 30 años.

Líneas rojas

En una rueda de prensa de Somescola, la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, se mostró satisfecha porque que el Tribunal catalán haya «desautorizado» al Supremo. Casals, que recordó que miles de niños y niñas no pueden estudiar en catalán en el País Valencià, y destacó que existen «líneas rojas que nadie se atreve a cruzar, ni siquiera los más recalcitrantes».

Para el presidente de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL), Pep Ribas, «todo queda como estaba». «Los ganadores en todo esto son las tres familias demandantes, que ahora podrán escolarizar a sus hijos en castellano, pero el modelo no se toca», añade.

Por su parte, el abogado de Convivencia Cívica Catalana y representante de los demandantes, Ángel Escolano, no dudó en mostrar su disgusto con la decisión judicial y anunció que presentarán un recurso ante el Supremo, lo que marca un punto y seguido, augurando nuevas amenazas para la inmersión lingüística.