Ayer en Tokio, una gran marcha pedía el apagón nuclear. El Gobierno japonés, bajo una fuerte presión ciudadana, tiene previsto apagar próximamente los dos únicos reactores nucleares en marcha de los 54 con que contaba. El accidente nuclear de Fukushima reabrió el debate en torno a la energía atómica y un año después sigue vigente; entre tanto, varios países, como Alemania o Italia, también se han replanteado su apuesta pronuclear.

Fueron significativas las declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, en las que se mostraba satisfecha de su decisión de abandonar la energía nuclear, por su afirmación de que «en un país altamente industrializado se dieron riesgos que no considerábamos posibles». No obstante, antes de Fukushima, antes de Chernóbil y antes de Harrisburg muchos habían advertido insistentemente de esos y otros riesgos derivados de la energía nuclear. Concretamente en Euskal Herria, donde la lucha antinuclear tiene gran tradición y, desgraciadamente, también actualidad, existía y sigue existiendo una gran conciencia al respecto. En cualquier caso, bienvenidas sean las posturas de los gobiernos alemán, japonés y de otros muchos que tienen previsto descartar la energía nuclear, aunque sea a la luz de la triste y terrible experiencia, pero también de rigurosos informes técnicos.

Sin embargo, no todos han adoptado la misma posición. No lo han hecho Estados Unidos, donde se autorizará la construcción de nuevos reactores, ni los estados francés y español. Este último no solo no se ha replanteado la utilización de esa fuente de energía, sino que ha llegado a donde nadie lo ha hecho. Después de la burla del Gobierno del PSOE, que tras prometer el cierre de la central de Garoña una vez cumplido el periodo para el que fue diseñada prorrogó la actividad de la misma, el del PP ha dado luz verde para prorrogarla por cinco años más. Una penosa muestra de irresponsabilidad de unos gobernantes que ni en lo referente a los temas más sensibles disimulan su servidumbre para con los grandes intereses privados, pasando por encima de la voluntad y la seguridad de los ciudadanos a los que dicen representar.