ELA, LAB y STEE-EILAS movilizan al sector público para llamar a la huelga
«La semana de la alerta roja», como así la han bautizado ELA, LAB y STEE-EILAS, movilizará al sector público en contra de la «imposición de los recortes» y por el «fortalecimiento de los servicios públicos». Será una llamada a la huelga general del 29 de marzo para rechazar «la sumisión total de los gobiernos a los poderes económicos y patronales, que están imponiendo su doctrina neoliberal empobreciendo al conjunto de la sociedad», precisaron.
Juanjo BASTERRA | BILBO
El sector público de Hego Euskal Herria se encuentra en «alerta roja», según anunciaron las centrales sindicales ELA, LAB y STEE-EILAS, que movilizarán a los empleados en contra de la imposición de los recortes que les ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo entre «un 10% y un 13%» y, a la vez, «se han recortado servicios esenciales», lo que ha generado «destrucción de empleos». Todo ello unido a «una campaña de desprestigio a los trabajadores de los servicios públicos».
La semana de movilizaciones comenzará hoy con asambleas y protestas en los centros hospitalarios y centros de salud de Osakidetza. Esta protesta se repetirá el 22 de marzo. En Enseñanza (haurreskolak, enseñanza pública, centros de iniciativa social, ikastolas y universidad) se movilizarán los días 21, 22 y 23 con asambleas y protestas.
En los ayuntamientos de Nafarroa y en el Gobierno foral, serán el día 21 con concentraciones ante el Parlamento foral y ante los ayuntamientos a las 13.30. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se realizarán asambleas y diversas concentraciones ante ayuntamientos y diputaciones. Los tres sindicatos convocan el día 23 ante el Ejecutivo de Lakua y en las delegaciones del mismo en Bilbo y Donostia. Además habrá asambleas en la Administración dependiente del Estado español y la EITB.
Igor Izagirre, responsable de ELA en el sector público, confirmó que «estamos en una situación muy grave. Tenemos que decir no a los recortes, a la reforma laboral y de negociación colectiva, así como reclamar el avance en los derechos laborales y sociales, y unos servicios públicos de calidad».
Esta movilización recogerá la «alarma roja» que se ha activado por quienes «siguen los preceptos de la doctrina neoliberal que empobrecen al conjunto de la sociedad para beneficiar a quienes precisamente provocaron la crisis», como explicó Belén Arrondo, de STEE-EILAS. En este sentido, Arantxi Sarasola, responsable de LAB en el sector público, confirmó que en las últimas décadas «todas las medidas y reformas propuestas desde las instituciones han acarreado un reparto injusto de la riqueza. Así, mientras unas pocas personas acumulan cada vez mayor riqueza, la mayoría sigue empobreciéndose».
Los tres sindicatos advirtieron que la solución pasa «por denunciar los recortes, socializar las alternativas y organizarnos y movilizarnos para obligarles a cambiar sus políticas». Porque, como explicó Sarasola, «las decisiones relativas a la fiscalidad adoptadas por nuestras instituciones en los últimos quince años han convertido a Euskal Herria en un paraíso fiscal».
Según manifestaron las tres centrales, «la recaudación fiscal de la CAV es 10 puntos más baja que la media de la UE, lo que significa que dejamos de recaudar cada año 6.500 millones de euros en manos de los más ricos, reduciendo la inversión social y propiciando un fraude fiscal de escándalo», señalaron los sindicatos.
Aralar logró sacar adelante con el apoyo del PNV y el Grupo Mixto una moción en la que pide la retirada del decreto del Gobierno autonómico que recoge los recortes a los empleados de la Administración pública. Entre los mismos figuran la supresión de las primas por jubilación voluntaria y los complementos por incapacidad transitoria.
La iniciativa logró el apoyo de la Cámara por la ausencia en las filas del PSE del lehendakari Patxi López, en viaje oficial a la India, y del recién nombrado Comisionado para la Convivencia, Jesús Loza. PP y PSE, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad a esta iniciativa, votaron en contra de la moción. En defensa de la misma, el parlamentario de Aralar Dani Maeztu señaló que la reforma decretada el pasado mes de enero por el ejecutivo de Patxi López es «torpe» y ha arremetido contra el hecho de que se justificara como una medida en contra del absentismo.
Maeztu acusó al PSE de aplicar «políticas neoliberales». Los representantes del PP votaron a favor de una enmienda a la totalidad en la que se reclamaba que se reúna la mesa de la función pública, lo que fue criticado tanto por el PSE como por la representación de EA.
Bixen Itxaso, del PSE, achacó a Aralar que cuando no se tienen responsabilidades de gobierno se puede «decir lo que plazca».
EA criticó al PP por pedir en este momento la convocatoria de la mesa de la función pública, cuando los sindicatos se levantaron ante la cerrazón del Ejecutivo a negociar. Por su parte, el PNV se mostró en contra de los recortes aplicados. GARA
