Un grupo de fiscales brasileños presentó el miércoles la primera demanda penal por delitos cometidos durante la dictadura (1964-1985), por el secuestro de cinco miembros de la guerrilla del Araguaia. La denuncia fue presentada en Marabá, en el estado amazónico de Pará, donde actuó esta guerrilla.

Desde Brasilia, el fiscal Tiago Rabelo informó que la denuncia acusa al coronel de la reserva del Ejército de Brasil, Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, conocido como «Dr. Luchini», del «secuestro de cinco militantes capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia en la década de los 70 y hasta hoy desaparecidos», informó Telesur.

El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura. A diferencia del resto de los países del América del Sur, en Brasil no ha habido procesos penales, ya que la Ley de Amnistía de 1979, corroborada recientemente por la Corte Suprema, protege a los represores de la cárcel y de los juicios. En varias partes del país familiares de víctimas y promoto- res ya han presentado acciones civiles, que según el grupo Tortura Nunca Más fueron desconsideradas en altas instancias judiciales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en 2010 sin «efectos jurídicos» la Ley de Amnistía y ordenó a Brasil que determine responsabilidades penales y sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Pero la Corte Suprema brasileña ha corroborado ese año la validez de esa ley y ha insistido en que no puede revisarse.

Salir de las sombras

«Esta acción es extremamente importante para nosotros, por ser la primera demanda criminal, y fundamentalmente porque esas personas van a ser llamadas a explicar lo que hicie- ron, tendrán que salir de las sombras», explicó a AFP la expresa política Cecilia Coimbra, presidenta de Tortura Nunca Más, que reúne a familiares de víctimas de la dictadura.

«Esta acción puede desenmascarar la represión horrible que hubo en toda esa región y es una oportunidad de reabrir el debate sobre la ley de amnistía», dijo a AFP el presidente de la ONG Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke.

Esta acción ha encendido la polémica en Brasil, que acaba de crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura. La iniciativa, sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera que sufrió tortura y cárcel durante el régimen militar, no conlleva acciones penales pero levantó la ira de sectores de las Fuerzas Armadas.