La resolución, aprobada con los votos de PSE, EA, Ezker Anitza-IU y UPyD, la abstención del PNV y Aralar y la oposición del PP, forma parte de una enmienda de transacción firmada por los grupos que lo han sacado adelante y presentada a una iniciativa de Aralar que pedía que el Gobierno presentara un calendario legislativo para que la competencia fiscal, actualmente de las juntas generales de cada territorio, resida en el Parlamento autonómico.

Todos los grupos, excepto Aralar que se abstuvo, apoyaron el primer punto de la enmienda transaccional en la que se pide al Ejecutivo que, de acuerdo con sus competencias y en el marco de la Ley de Armonización, siga trabajando para lograr una «reforma fiscal que garantice la suficiencia de los recursos públicos para llevar a cabo las políticas» para salir de la crisis.

«Cambiar toda la estructura»

Mikel Basabe (Aralar) reconoció que su grupo plantea «cambiar toda la estructura institucional» de la CAV que redundaría en beneficio de todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan.

Javier Carro (PNV) se mostró «contrario» a que el Parlamento sea el que regule la fiscalidad en su conjunto, porque cree que esta materia debe estar lo más cerca del ciudadano que se pueda y considera que el Gobierno y el Parlamento deben dedicarse a «coordinar a los tres hermanos en igualdad de condiciones».

Oscar Rodríguez (PSE) argumentó que si los partidos e instituciones no logran un acuerdo sobre una nueva fiscalidad para el próximo año «será un fracaso de todos», mientras Antonio Damborenea (PP) reclamó al Ejecutivo de Patxi López y al PSE que hagan propuestas concretas en materia de fiscalidad y criticó a este partido que no las haya hecho en las instituciones en las que se pueden llevar a cabo las reformas.

Juanjo Agirrezabala (EA) también consideró que la actual legislación permite la actuación de Parlamento y Gobierno autonómicos en materia fiscal.

Mikel Arana, de Ezker Anitza, aseguró que con la normativa actual ya se pueden llevar a cabo cambios tributarios desde la Cámara autonómica y que las dificultades para afrontar este asunto es de «voluntad política, no legal».