Joseba Altube Director de Infraestruccturas Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Fin de un ciclo
El autor apuesta por finiquitar en Gipuzkoa un modelo de gestión del dinero público que prima la construcción de grandes infraestructuras, sin límite de gasto. Admite que puede haber imprevistos o necesidades de modificar proyectos que supongan un sobrecoste, pero rechaza de plano que se «permita y facilite» a las constructoras buscar cambios y modificaciones que eleven el presupuesto de la obra. Rechaza las cortinas de humo y las acusaciones de demagogia y «pancarterismo» a quienes exigen aclaraciones de un comportamiento como el de los exresponsables políticos de Bidegi y el Departamento de Infraestructuras Viarias que han dejado un lastre colectivo de deudas inasumibles. Para concluir, se muestra tajante al afirmar que «ese ciclo ha finalizado».
El 17 de junio de 2011, seis días antes de la investidura de Martin Garitano, no debiera de haber sido una fecha especial para el conjunto de la ciudadanía guipuzcoana, si ese día no se hubieran aprobado las liquidaciones de varias obras de carretera de Bidegi, por un valor total de 60,5 millones de euros. La mayor parte de ese dinero correspondía a dos tramos de la AP-1 y se pagó por conceptos no amparados en modificación contractual alguna, tal y como destaca el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Ese día, todos perdimos, pero ese día, terminó un ciclo en Gipuzkoa, y terminó un modelo de gestión del dinero público, donde ha primado la construcción de grandes infraestructuras, sin límite de gasto.
Hace una semana, los exresponsables políticos del Departamento de Infraestructuras Viarias y de Bidegi comparecieron en las Juntas Generales, junto con el ex diputado general. El ex diputado de Infraestructuras Viarias, Eneko Goia, debía dar cuenta del sobrecoste en varias obras de carretera que, según el TVCP, desnaturalizaron el objeto mismo del contrato, así como su volumen económico. El exdirector de Bidegi, Borja Jauregi, debía explicar la liquidación del tramo de la AP-1, Eskoriatza Norte-Arrasate Norte, que destacó el TVCP. No crean ustedes que el ex diputado de Infraestructuras Viarias admitió como mala gestión el hecho de que, en los últimos 8 años, entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y Bidegi se hayan gastado 1.304 millones de euros en carreteras de Gipuzkoa, cuando el conjunto de estas obras se había adjudicado por 921 millones.
Es decir, ¡las principales 20 obras de carretera de Gipuzkoa de los últimos 8 años han tenido un sobrecoste de 383 millones de euros! Por cierto, ni siquiera hemos contabilizado los proyectos complementarios que tanto mencionan para justificarse, si los hubiéramos tenido en cuenta la cifra aumentaría mucho más. ¿Alguien se imagina algo parecido en el ámbito privado?
Durante su comparecencia, achacaron principalmente a la especial orografía y geología de Gipuzkoa ser la causante de las incidencias e imprevistos que hicieron aumentar el coste de las obras. Cierto es que, en ocasiones, puede haber imprevistos o necesidad de modificar el proyecto inicial, y que esto supone un sobrecoste. Lo que no es normal es que, por defecto, se haya permitido y facilitado que las constructoras tengan como principal objetivo buscar cambios y modificaciones que supongan elevar el presupuesto de la obra, para poder así recuperar las tremendas bajas con las que han iniciado las obras. Bajas derivadas de una guerra fratricida que nos ha llevado a la sistemática explotación de la mano de obra y a la asfixia de las pequeñas subcontratas.
Mencionó el ex diputado foral de Infraestructuras Viarias que los actuales gestores también hemos aprobado proyectos modificados, como en el caso de la variante de Hernani. Efectivamente, esta obra de 24 millones de presupuesto, que terminará este año, lleva un 2,5% de sobrecoste (la mayor parte lo autorizó el anterior gobierno) sobre el precio de adjudicación, y la previsión es que la obra termine con un 4% de sobrecoste, cifra inusual en el Departamento de Infraestructuras Viarias en obras de esta envergadura. En los últimos 8 años, con el PNV al frente de las carreteras, el sobrecoste medio de la Diputación Foral respecto al precio de adjudicación ha sido de un 30%, mientras que en Bidegi ha sido de un 50%. Se mire como se mire es un auténtico despropósito que no puede volver a ocurrir.
En una de sus intervenciones, el exdirector de Bidegi defendió la profesionalidad del personal técnico a su cargo. Estamos totalmente de acuerdo, nadie duda de la profesionalidad y honradez de los técnicos y técnicas, pero en ocasiones, quedan vendidos y vendidas cuando sus superiores políticos (utilizo el masculino exclusivo a propósito) aceptan modificaciones y liquidaciones propuestas por las constructoras, muchas veces, por conceptos de discutible justificación, pero que, según se interpreten, así se justifican. El papel lo aguanta todo.
Para terminar con la comparecencia de los exresponsables de carreteras, retornemos a la mención que hizo el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la liquidación de la obra de la AP-1, entre Eskoriatza y Arrasate, donde se abonó una liquidación del 22% del total de la obra, a los dos años de su finalización. El anterior tramo, Arlaban-Eskoriatza, también se liquidó el mismo día y en similares circunstancias. Estas obras se adjudicaron por un precio determinado, para ejecutar un proyecto aprobado por el Consejo de Diputados. A medida que avanzaba la obra surgieron imprevistos que originaron cambios importantes, no lo vamos a negar, y la aprobación por parte del Consejo de Diputados de sucesivos proyectos modificados, los cuales fueron aumentando el coste de las obras. Así, a falta de 4-5 meses para finalizar las dos obras, se aprobaron los últimos proyectos modificados, por valor de 35,93 y 46,5 millones de euros para cada tramo, cifras nada desdeñables. Estos proyectos modificados cerraban todos los cambios, incidencias y aumentos en las mediciones. Los dos tramos se inauguraron en la primavera del 2009 y se abonaron las cantidades correspondientes a los proyectos aprobados por el Consejo de Diputados. En este punto en concreto, terminan todos los argumentos que dieron los anteriores gestores, los cuales mencionaron varias veces que era mejor aceptar los proyectos modificados que parar la obra. Queda aún por justificar por qué, a los dos años y dos meses de inaugurarse la autopista, fuera de todo plazo contractual, el ya mencionado 17 de junio del 2011 se decidió abonar a las constructoras 19,9 y 34,8 millones de euros a modo de liquidación, por conceptos que no estaban amparados en modificación contractual alguna, como destaca el TVCP.
No es de ninguna manera aceptable que se pague por conceptos que no estén incluidos en los proyectos aprobados por el órgano competente, que es el Consejo de Diputados. ¿Quién es el responsable de haber admitido que se paguen tantos millones de euros por conceptos que no tenían un proyecto que los amparase? Parece ser que nadie.
Lo más fácil es lanzar cortinas de humo para desviar la atención, linchar mediáticamente y acusar de demagogia y pancarterismo a todas las personas que pidan una aclaración de los hechos y a los y las que hagan públicos datos totalmente objetivos que todo el mundo debería conocer. Se escudan en su brillante gestión desarrollista, en su innegable capacidad de gestión, cuando en realidad, todo ha resultado una quimera, un imposible, un engaño que nos ha dejado un lastre en forma de deudas e inasumibles gastos de mantenimiento de las infraes- tructuras realizadas. No duden que este lastre nos acompañará fielmente durante no pocos veranos e inviernos. Está claro que ha finali- zado un ciclo, y en adelante, apostaremos por un desarrollo de las Infraestructuras sostenible, controlado, social y equitativo.