SOS Racismo defiende la sanidad pública para todos los inmigrantes
Representantes de SOS Racismo Euskal Herria mostraron ayer su «preocupación» por los efectos que pueda tener la reforma sanitaria que plantea el Gobierno español. Frente a estos recortes, desde el organismo social plantean varias medidas concretas, como el mantenimiento de la asistencia a inmigrantes sin papeles en regla o la extensión de la cobertura del RIS en Nafarroa.
Mikel PASTOR | BILBO
Representantes de SOS Racismo Euskal Herria unieron ayer sus voces para mostrar su «preocupación» por los recortes en Sanidad planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy, para denunciar el «intento de culpabilizar de todos los males a los inmigrantes» y para proponer nuevas soluciones a los gobiernos de Lakua y de Iruñea.
En una rueda de prensa conjunta, en Bilbo las portavoces de SOS Arrazakeria Zuria Arzua (Bizkaia), Bea Villahizán (Nafarroa) y Silvana Luciani (Gipuzkoa) expresaron su «especial preocupación» por los efectos de los recortes sanitarios en el colectivo inmigrante, afirmando que estas medidas «afectan especialmente a colectivos sociales ya de por sí vulnerables como personas mayores, inmigrantes, jóvenes y mujeres».
«Que no nos engañen; los recortes de contenido profundamente antisocial disfrazados de `los de aquí, primero' nos afectan a la sociedad en su conjunto», subrayaron. A su juicio, esos planteamientos «son cortinas de humo que esconden una perpetuación de las desigualdades» y que promueven la confrontación «entre quienes se ven más afectados por la crisis económica estructural».
Desde SOS Arrazakeria califican estos recortes como «perversos», ya que «ahondan en la idea de prioridad nacional, la exigencia de que se apliquen políticas que defiendan al autóctono frente al inmigrante», fomentando así «el racismo y la xenofobia más visceral».
Las portavoces criticaron también la utilización de la crisis económica para situar a los inmigrantes como «el enemigo», fomentando la adhesión o el acercamiento ideológico a organizaciones de corte xenófobo, similar al fenómeno ocurrido en el Estado Francés con Jean-Marie Le Pen y, actualmente, con su hija Marine, que ha obtenido cerca del 18% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Modelo de sociedad
«Este documento pretende ir más allá de la denuncia», explicaron las portavoces de SOS Arrazakeria durante la presentación de sus propuestas, con las que quieren llevar el debate a un espacio más profundo, con la idea de «realizar propuestas dirigidas a los gobiernos autonómicos de Euskadi y Navarra a fin de realizar una apuesta firme por un modelo de sociedad basado en el respeto a los principios básicos de igualdad y universalidad».
Al incidir en qué se concretan esas propuestas, en primer lugar instaron a ambos ejecutivos a que «adopten una postura proactiva en la defensa del derecho a la sanidad pública, en general, y de los inmigrantes en situación irregular, en particular».
También hace un llamamiento al Gobierno navarro para que «extienda la cobertura de la RIS -renta de inclusión social- a toda la ciudadanía navarra», incluido el «colectivo inmigrante en situación irregular, por ser una obligación legal», que está recogida en la actual Ley de Extranjería.
Al Gobierno de Lakua le emplazan a «que no vincule de manera exclusiva la RGI -renta de garantía de ingresos- a la empleabilidad y disminuya el empadronamiento en la CAV para acceder a esta ayuda», requisito que afecta de manera especial al colectivo inmigrante.
En el otro lado de la balanza, desde SOS Racismo aplaudieron la decisión del Ejecutivo de Patxi López de mantener la asistencia sanitaria a inmigrantes, lo que «debe servir de ejemplo».
Según indicaron, los recortes en materia sanitaria podrían afectar a unas 27.200 personas en Hego Euskal Herria. En el Estado español, esa cifra podría alcanzar, al menos, a 450.000 personas.
El Ararteko, Iñigo Lamarca, alertó ayer del aumento de la pobreza en la CAV, donde, como destacó, hay ya más de 2.000 familias sin ingresos a las que no llegan ayudas públicas y tienen que recurrir a las ONG para vivir.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Lamarca se refirió a los recortes en sanidad del Gobierno español para indicar que «claramente hay margen para el recurso de inconstitucionalidad». Por su parte, cuestionó la legalidad de los ajustes, aludiendo a que la Constitución española establece como «universal y gratuita» la sanidad, y manifestó que «hay nubarrones que acechan a la calidad y la extensión de los servicios sociales en Euskadi». Como pidió el día anterior el Parlamento de Gasteiz, el lehendakari Patxi López anunció ayer que «en breve» su gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra algunas de las medidas de ajuste aprobadas por Madrid.
Lamarca instó a garantizar esos servicios, «absolutamente básicos» para «todos los residentes en la comunidad autónoma» ya que limitarlos «puede significar un notable aumento de la desigualdad y de bolsa de pobreza» entre la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
También comentó los estudios realizados por varias ONG, asegurando que «las bolsas de pobreza ya existen y lo que se viene llamando `cuarto mundo' ya existe dentro de Euskadi y, además, va en aumento».
El Ararteko estima que, ante el aumento de familias sin ingresos, «el sistema de protección social tiene que cubrir el cien por cien de las necesidades de las personas que viven en Euskadi». M.P
En Hego Euskal Herria, cerca de 27.000 personas estarían en riesgo de perder los derechos en materia asistencia sanitaria.
