Patxi López hizo el anuncio ante el pleno del Parlamento de Gasteiz en el transcurso de una intervención en la que respondió a sendas preguntas del PSE, el PP y EA sobre los recortes en materia sanitaria y educativa.

El lehendakari aseguró que algunas de las medidas decretadas por el Gobierno de Mariano Rajoy «invaden» competencias de la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que el Ejecutivo que preside acudirá al Tribunal Constitucional, con lo que será la primera comunidad autónoma que lo haga.

Además, reiteró que su Ejecutivo, al margen del recurso al TC, adoptará también las «medidas oportunas para que no se apliquen» las decisiones del Gobierno en sanidad y educación.

López confirmó la presentación del recurso un día después de que el propio Parlamento aprobara una resolución en la que instaba al Gobierno de Gasteiz a defender el autogobierno y los servicios públicos, sin renunciar a la vía judicial.

El lehendakari dijo desconocer si con esas medidas el Gobierno del PP pretende conseguir ahorro en las comunidades autónomas, para lo que tenía otras vías, pero lo que sí hace es «entrar en el núcleo central de la organización de los servicios públicos» de la CAV.

A juicio del lehendakari, el Gobierno español está haciendo un «uso espurio de la normativa básica para, en la práctica, mutilar el autogobierno», tratando a las comunidades autónomas como «menores de edad» y sin tener en cuenta, además, las especificidades de la CAV y Nafarroa, que tienen un régimen especial por su Concierto y Convenio económico.

Insistió en que su Gobierno no va a aplicar, «de ninguna manera», las medidas aprobadas por el Ejecutivo del PP, «ineficaces y regresivas», porque se puede ser austero «sin recortar los servicios públicos».

El lehendakari recalcó que, junto con las razones competenciales, no va a aplicar las medidas de ajuste, especialmente en sanidad, porque revisten una «especial gravedad», ya que rompen el criterio de servicio universal y gratuito.

Auguró que con el planteamiento del Gobierno del PP mucha gente tendrá que hacer una «declaración de pobreza» y que, incluso, para su «mayor humillación», alguien podría tener que llevar un cartel que así lo ratificara.

Respuesta inmediata

Nada más hacerse oficial el anuncio del lehendakari, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió al Ejecutivo de Patxi López que el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación son competencia del Estado porque corresponden a su «legislación básica», al tiempo que retieró que este tipo de medidas van encaminadas a cumplir el objetivo de déficit y que, si no las aplica, «tendrá que explicar» cómo lo hace.

Al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esta cuestión, Soraya Sáenz de Santamaría reconoció que «indudablemente cada administración pública puede utilizar los mecanismos que la Constitución española les otorga cuando considera que una norma puede tener vicios de inconstitucionalidad».

Sin embargo, indicó al Gobierno de Gasteiz que «esas normas son bastante claras en el ámbito de las competencias que puede aprobar el Estado en lo que afecta a su legislación básica». En este sentido, señaló también que en las conferencias sectoriales de sanidad y educación «se ha buscado el acuerdo» de todas las comunidades para llevar a cabo las «medidas de racionalización» del gasto que ayuden a cumplir el objetivo de déficit del 1,5% fijado para las autonomías.

Por todo ello, Sáenz de Santamaría advirtió a las comunidades autónomas que se opongan a aplicar los recortes que «tendrán que explicar a sus ciudadanos» cómo van a acometer el ajuste necesario para cumplir el objetivo déficit y cómo adoptarán ciertas medidas que, sin suponer un coste a la población, «permitan una gestión más eficiente».

Llegó a afirmar que han sido las propias comunidades autónomas las que han reclamado al Estado, en distintos foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «mecanismos para lograr el ahorro» y que son ellas las que pueden aplicarlos «para cumplir con la consolidación fiscal y el objetivo de déficit que todos tenemos».

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, quien aseguró que la decisión del EJecutivo de López «sin duda está teledirigida por Alfredo Pérez Rubalcaba», reiteró que todas las reformas han sido dialogadas «en profundidad» con todas las Comunidades, incluida la CAV, que en el caso de la sanidad «en ningún momento» planteó grandes objeciones, «ni mucho menos hizo advertencia alguna de inconstitucionalidad».

El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, también quiso advertir al lehendakari de que su recurso «no tendrá recorrido».

Huelga en el sector público

Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, salió al paso ayer de la convocatoria de huelga en el sector público que los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han convocado para el próximo 31 de mayo en Hego Euskal Herria en defensa de «unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad», y en protesta por las medidas de recorte y «retroceso en las condiciones laborales».

Zabaleta emplazó a los sindicatos a que «reflexionen» sobre los «enormes esfuerzos» que el Gobierno de Gasteiz realiza para afrontar la crisis, por lo que cree que «no se puede comparar la situación de Euskadi con el resto». «No todas las acciones son iguales, no todas las decisiones son iguales, ni creo que se puede comparar la situación de Euskadi con el resto», subrayó.