Si el sistema judicial español fuera cohente llevaría hasta sus últimas consecuencias la sentencia de Tribunal Supremo. Porque lo que hicieron Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta entre 2008 y 2009 ha tenido muchas consecuencias. Ayer, dos diarios vascos del grupo Vocento justificaban la condena en su editorial aduciendo que se había juzgado una conducta que se considera delictiva, «independientemente de las circunstancias que hayan podido darse con posterioridad». Dejando al margen que hacer política no puede ser considerado una actividad delictiva, las actividades de los cinco de «Zutik Euskal Herria» ni siquiera pueden entenderse sin atender a con qué fin se hicieron y qué frutos ha dado.

Y precisamente porque los hechos y sus consecuencias son indisociables, si el sistema judicial español ya que no es justo al menos fuera coherente, a estas horas debería haber dictado la ilegalización de Bildu y Amaiur y haber cursado órdenes de detención internacional contra Kofi Annan, Gro Harlem Bruntland, Bertie Ahern, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan Powell, por citar tan solo a unos pocos de una larga lista de premios Nobel, eurodiputados y expresidentes. Porque si los condenados lo son por haber llevado a la práctica planes de ETA, Bildu y Amaiur han de ser producto de esos planes, y del exsecretario general de la ONU para abajo, todos colaboradores necesarios. Incluso alguno podría alcanzar la categoría de instigador.

En el contexto del debate habido en la izquierda abertzale a lo largo de 2009 y antes de ser detenidos, los ahora condenados habían trabajado ya en la acumulación de fuerzas soberanistas y en el respaldo internacional al proceso. Habían mantenido contactos con otros partidos y habían comenzado a establecer relaciones con altos representantes de la comunidad internacional.

La pretensión del Tribunal Supremo de que la estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas obedecía a una orden dictada por ETA en 2008, ya fue desmentida hace un año por el Tribunal Constitucional cuando revocó la prohibición de Bildu y le permitió comparecer a las elecciones municipales y forales. Tan patente es lo absurdo de la tesis mantenida por la Audiencia Nacional y refrendada por el Supremo, que la máxima expresión hasta la fecha de esa acumulación de fuerzas, que es Amaiur, no fue cuestionada ni por el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, que antes había ordenado la detención de Otegi y sus compañeros y luego intentó evitar que Bildu pudiera presentarse a los comicios.

Por lo que respecta a la comunidad internacional, cabe recordar que la resolución «Zutik Euskal Herria», surgida en este caso directamente del trabajo de los ahora condenados, fue saludada de manera pública con la «Declaración de Bruselas», suscrita por más de veinte destacadas personalidades como el arzobispo Desmond Tutu (Nobel de la Paz) el expresidente sudafricano Frederik Willem de Klerk (Nobel de la Paz), la Fundación Nelson Mandela y otros expresidentes y artífices de la paz en Irlanda.

Según la desquiciada tesis avalada por el Tribunal Supremo, todos ellos y quienes posteriormente han contribuido a la Declaración de Aiete, el Grupo Internacional de Contacto o la Comisión Internacional de Verificación son partícipes de la estrategia diseñada por ETA, puesto que contar para el proceso con la colaboración de agentes internacionales fue una de las obsesiones trabajadas por los cinco de «Zutik Euskal Herria».

A la espera de que la coherencia se instale en el sistema judicial español y arrample con todo, o que por contra impere la cordura y esta sentencia pueda ser corregida, da la impresión de que el independentismo no va a cejar en su doble dirección de centrarse, por una parte, en la fuerza que consiga movilizar en su pueblo y, por otra, en los apoyos que el proceso pueda ir acumulando en el ámbito internacional, cuya última muestra llegó ayer con decenas de antiguos eurodiputados.

Y las fuerzas del Estado podrán seguir causando dolor a los abertzales de izquierda, pero no van a desviarles de su dirección. El tiempo sigue corriendo en su contra y se verá en las próximas elecciones autonómicas. Si ilegalizaron Batasuna para gripar el motor del independentismo y, de paso, desactivar el Parlamento de Gasteiz como elemento perturbador de la tranquilidad madrileña, tras los nuevos comicios podrán hacer balance de los réditos que les ha dado la estrategia represiva.

Y Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez seguirán probablemente en la cárcel, rehenes del Estado, pero tendrán dibujada la sonrisa de los vencedores.