La Presidenta navarra, Yolanda Barcina, avanzó ayer a su entrada al Parlamento que ya ha acordado una nueva batería de recortes que, después de la brutal caída económica del primer trimestre del año, hará que los objetivos de déficit de Nafarroa cumplan con la directriz estatal. Lo más llamativo es la cifra, 53,9 millones de euros. En realidad, según las cuentas del consejero Álvaro Miranda, este tijeretazo no bastará para sanear las cuentas, sino que, para cumplir con lo que desea el PP, faltan otros 40 millones. UPN pretende conseguirlos a través de la amnistía fiscal, pero el Parlamento ha rechazado ya esta medida. Los contenidos concretos se conocerán hoy a las 11:00 horas.

Presuntamente, la división de opiniones sobre la conveniencia de la amnistía fiscal es lo que mantenía atascado este nuevo paquete de medidas. La decisión de que, al final, solo se recorten 54 millones hace pensar que el PSN ha dado su brazo a torcer. En palabras de Barcina, que no quiso avanzar qué sectores públicos se verán afectados por los nuevos recortes, el acuerdo con su socio «está prácticamente cerrado a expensas de cuestiones de redacción menores».

Por parte del PSN, fue Roberto Jiménez quien salió a dar explicaciones. Aseguró que el texto se terminaría ayer por la tarde. El vicepresidente sí que dejó intuir que el acuerdo podría resultar polémico, ya que habló de una negociación «difícil» entre dos partidos «muy distintos». En concreto, abrió la puerta al cobro del llamado céntimo sanitario, apuntando que hay «muchas posibilidades de que salga adelante». Tampoco se mantuvo firme en lo que hasta ahora era otra de sus líneas rojas: la ampliación de los horarios de los funcionarios. Preguntado directamente por ello, Jiménez optó por dar largas. Por otro lado, la ampliación de los horarios ya se ha hecho efectiva para el profesorado después de que el consejero de Educación, José Iribas, aumentara su carga de trabajo en dos horas lectivas semanales.

Autogobierno vacío

Jiménez y Barcina se niegan a soltar prenda sobre por dónde recortarán esta vez agarrándose a estos flecos por atar del acuerdo. Pese a ello, la presidenta aseguró que Nafarroa «no va a hacer mimetismo ni seguidismo de ninguna comunidad autónoma, ni de Madrid, ni de Andalucía, ni de la CAV». Para ello, Barcina esgrimió el margen de maniobra que le da el Amejoramiento: «El Gobierno siempre va a hacer uso de las competencias del régimen foral para adoptar las medidas que incluso tengamos que transponer de las Cortes Generales buscando lo más beneficioso para los ciudadanos navarros». Acto seguido, insistió en su discurso de las últimas semanas, añadiendo que los navarros tampoco serán «insumisos» ante las decisiones que se tomen en Madrid.

Parece significativo que las nuevas medidas hayan aparecido tan solo unos días después de la renegociación del Convenio con el Estado. El pacto fiscal se modificó de forma forzosa después de que la Agencia Tributaria detectara que Nafarroa estaba cobrando el IVA de los vehículos de Volkswagen y que la devolución de este ingreso lo asumía el Estado español. La reclamación de la Hacienda Estatal a la navarra asciende a 1.500 millones. Pese a ello, el Gobierno español ha perdonado esta deuda (como mucho, Nafarroa pagará cien millones) y continuará asumiendo las devoluciones del IVA de Volkswagen, que suponen más del 90% del total.

La renegociación del Convenio ha conseguido salvar esta crisis por el momento. Pero el gran favor que ha obtenido la Hacienda navarra probablemente haya minado de forma notable su independencia, ya que ha sido una decisión del Ejecutivo del PP. En este sentido, cabe esperar que el nivel de tolerancia de Mariano Rajoy a posibles resistencias a sus reformas sea bastante menor. Además, se desconoce con qué negoció el Gobierno foral para sacar adelante lo que en la práctica es un rescate para no colapsar económicamente, ya que el IVA de Volkswagen supone un tercio de los ingresos por ese impuesto que recibe la Hacienda navarra.

Una muestra de esta dependencia de Madrid se encuentra en la decisión de que no se plantearán recursos de inconstitucionalidad contra las últimas medidas del PP. A diferencia de lo que ocurre en la CAV, el PSN ha entregado la iniciativa a UPN y la presidenta navarra se opone con firmeza por considerar que se trata de una postura «dogmática».