La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene en sus informes oficiales que 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas en este momento al amianto en su centro de trabajo, a pesar de estar considerado como un mineral cancerígeno y prohibido en varios países. Cada año fallecen 120.000 personas por la inhalación de fibras de amianto, según datos de la OIT. En el Estado español este mineral se relaciona con el cáncer desde 1941, tal y como recoge el Tribunal Supremo. Sin embargo, los empresarios no aplican las medidas de prevención adecuadas.

Las enfermedades relacionadas con el amianto tienen un período de latencia muy largo, de diez a cuarenta años. Muchas empresas han desaparecido o no quedan compañeros de trabajo que puedan testificar en los juicios sobre su utilización masiva en determinadas zonas de actividad. Ese mineral cancerígeno se utilizaba en más de 3.000 aplicaciones. En otros países avanzados están en marcha los Fondos de Compensación para las víctimas del amianto a fin de indemnizar a los familiares y evitar la judicialización de los procesos. Esta demanda es antigua pero todavía no ha obtenido respuesta alguna por parte de la Administración española y vasca. En este momento, al final de la legislatura, en el Parlamento de Gasteiz se ha constituido una ponencia para impulsar un fondo que permitirá al afectado o sus familiares obtener una compensación.

La directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, Pilar Collantes, defiende la creación de un fondo ligado a la Seguridad Social para los afectados por amianto y ha estimado que harían falta 32 millones para sufragar los casos registrados en la CAV, aunque esa cantidad, según los afectados, se quedaría corta. Así, Patxi Kortazar, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) reclama que ese fondo esté conformado por inyecciones económicas «de la Seguridad Social, las empresas y las mutuas». Rechazó la posición de Osalan porque «no solo es responsabilidad de la Seguridad Social, sino que las empresas y las mutuas han mirado a otra parte en el tema de la prevención, sabiendo que el amianto era cancerígeno».

Hay varias iniciativas en la UE que recogen un fondo de compensación. La pionera fue Suecia. En 1975 prohibió la comercialización e importación de amianto y en 1986 prohibió todo tipo de fibras de este mineral. Creó un Fondo de Compensación para los Afectados y existe un control exhaustivo sobre los afectados por amianto.

La legislación sueca se rige por el principio de precaución, como explica Angel Cárcoba, experto en el tema del amianto y ex responsable de CCOO en esta materia. Cárcoba aseguró a GARA que la reglamentación sueca es «importante y está muy desarrollada por reglamentos específicos en materia de construcción, reparación de vehículos de tracción mecanizada, y, entre otros, del sector naval». En Suecia, el control del amianto instalado recae en la Inspección de Trabajo.

60.000 víctimas

En el Estado francés en 2000 se constituyó un Fondo de Indemnización de Víctimas del Amianto (FIVA). Está sufragado por la Seguridad Social y por las empresas, en menor parte. Desde 2002, el Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto (FIVA) ha compensado a 60.000 víctimas con un total de 2.782 millones de acuerdo al último informe de actividades, referido a 2010.

Hay que reconocer que la asociación de afectados Andeva mantiene la denuncia de que se han endurecido las condiciones de acceso a ese fondo, dada la magnitud del mismo y la percepción no impide litigar contra las empresas o la Seguridad Social. Cuenta, además, con apoyos para la jubilación anticipada de los afectados por amianto. En 2010 se registraron 6.010 demandas de indemnización, algo inferior a 2009, que se produjeron 6.645 casos, según apuntan las últimas estadísticas dadas a conocer.

En Gran Bretaña, se constituyó en 2005 con un fondo de 40 millones de libras esterlinas. El mismo se aplica a todos los diagnosticados de mesoteliomas, un tipo de cáncer fulminante. En Holanda se puso en marcha en 1993, donde se creó un fondo y un instituto del amianto. En Italia, se creó en 2007. En éste, una parte la pagan las empresas y las otras tres, la Seguridad Social. En Bélgica, el fondo se creó en 2007 y se financia con recursos públicos y una parte de una cuota empresarial. En Japón se aprobó, según explicó Angel Cárcoba, en 2010.

Este experto participará este lunes en la ponencia del Parlamento de Gasteiz. Una de sus principales reivindicaciones será la creación de ese fondo de carácter tripartito: la Seguridad Social, las mutuas y las empresas» y crear un instituto vasco del amianto.