En un pleno cargado de emoción, PNV, PSE y PP unieron sus votos en las Juntas Generales de Gipuzkoa para forzar la destitución de Juan Carlos Alduntzin, diputado de Medio Ambiente. La excusa esgrimida ha sido la política de gestión de residuos, que la Diputación ya ha anunciado que no va a cambiar. Ciertamente, resulta difícilmente explicable la decisión de remover a un diputado no porque haya mantenido una actitud personal reprochable, sino por seguir la línea de un gobierno que va a mantener su apuesta en esta materia. Pero la maniobra de esas tres formaciones no tiene nada que ver con los residuos ni con el bienestar de los guipuzcoanos, sino con una estrategia consensuada para desgastar a Bildu.

El objetivo real de esta moción de censura, por tanto, no se corresponde con lo declarado. Los tres partidos que la han presentado saben que en el debate de la gestión de residuos la postura de la Diputación es complicada de rebatir, y que tanto los indicadores económicos como la afección medioambiental e incluso las pautas de actuación existentes a nivel europeo y estatal, favorecen las posiciones del gobierno foral y no la alternativa que representan ellos, mucho más cara y que pivota sobre la construcción de una incineradora que, paradójicamente, necesitaría importar basuras para ser rentable. Sin olvidar que el plan de residuos vigente hasta ahora fue diseñado y aprobado cuando la izquierda abertzale no estaba representada en las instituciones. Con esos precedentes, hablar de autoritarismo y falta de democracia no deja de ser un sarcasmo.

La gestión de los residuos es lo de menos para quienes han llevado a las instituciones de Gipuzkoa una estrategia ajena a los intereses de los guipuzcoanos. Miran a Gasteiz, a las próximas elecciones autonómicas. Pero deben mirar bien, porque la escenificación de un tripartito anti-Bildu puede acabar perjudicando a los partidos que lo conforman, y no a una coalición que se limita a cumplir lo que anunció en su programa.