El que fuera dictador argentino Jorge Rafael Videla ha sido condenado a 50 años de prisión, junto con otros ocho responsables militares, por «una práctica sistemática y generalizada» de robo de centenares de niños. Según recoge la sentencia, implementaron un plan de aniquilación con métodos de terrorismo de Estado que, con el argumento de «combatir la subversión», mataba a los padres de los bebés en centros de tortura, los hacía desaparecer y se quedaban con sus hijos e hijas, convertidos en botín de guerra, para entregarlos a familias que actuaban en connivencia con los militares. El jueves fue un gran día para los familiares de los desaparecidos y las asociaciones de derechos humanos, que recibieron la noticia con alegría. Aunque solo fueran condenados algunos -la participación de jueces, fiscales y médicos en la trama no fue juzgada en la causa-, remarcaron el valor de la condena y consideraron que el fallo «nos hace mejores» como personas y como país.

Tras décadas de lucha por la verdad y contra la impunidad, ver a los responsables condenados les debe hacer sentirse reconfortados con una Justicia que escucha a las víctimas de la dictadura, orgullosos ante la comunidad internacional y, como dijo el nieto recuperado Martín Fresneda -en clara alusión al Estado español-, también frente a aquellos países que tienen una Justicia genuflexa que no quiere condenar el terrorismo de Estado.