SOS Racismo reclama la creación urgente de una Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación, a partir de la realidad constatada en su decimoséptimo informe anual, en el que señala un aumento del racismo de «baja intensidad» referido a casos de discriminación laboral, en el acceso a locales públicos, a la vivienda y a servicios sociales, así como a la atención sanitaria.

La discriminación laboral y en el acceso a locales de ocio concentran el mayor número de quejas, según un testing elaborado por SOS Racismo en Bizkaia. «Este racismo implícito y disimulado es el que preocupa de manera especial por la dificultad que tiene para ser probado y la `normalidad' con la que se acepta este tipo de conductas, incluso por los propios perjudicados y perjudicadas», resalta.

A la vista de las denuncias recogidas en diversos ámbitos, considera «prioritario» dar respuesta a «la desinformación y la indefensión» de quienes denuncian estos casos y, concretamente, apela a la Consejería de Interior del Gobierno de Lakua a «tomar la iniciativa», dado «el incumplimiento reiterado del Gobierno de Madrid de recoger estadísticas y datos referidos a delitos de odio y delitos con agravante de racismo».

En cuanto a la realidad recogida en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el informe señala que la población inmigrante «tiene un carácter marcadamente estable» y destaca que, si bien el porcentaje de personas con permiso de larga duración o permanente ha pasado del 48,86% al 52,66%, todavía 29.500 inmigrantes residen en en situación irregular.

SOS Racismo recoge los conflictos derivados de la ubicación de mezquitas en Bilbo y Gasteiz, y destaca un aumento de la islamofobia en toda Europa y también en la CAV, ante el que pide «firmeza» a las instituciones para que concedan licencias cuando la normativa urbanística lo permita y resuelvan la conflictividad social «a través de la pedagogía política, pero nunca limitando el ejercicio legítimo de derechos».

Redadas en base a los rasgos

El informe se detiene, asimismo, en las redadas policiales y los cupos de detención llevados a cabo por los rasgos físicos o fenotipo.

Precisamente, el pasado viernes efectivos de la Policía española, Policía Municipal de Bilbo y Ertzaintza desalojaron a 36 personas sin papeles que dormían en un tanatorio abandonado en Basurto, ante lo que SOS Racismo de Bizkaia denunció que el Gobierno municipal de Iñaki Azkuna opta «por la vía policial ante los problemas sociales de decenas de personas que carecen de vivienda» y criticó que a esas personas se les abra un procedimiento de expulsión que «les cerrará las puertas a su regularización».

El informe critica el endurecimiento de las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, que sitúa en «la dirección contraria a la de garantizar derechos» al colectivo inmigrante «que está asentado y con un proyecto de vida» en la CAV. SOS Racismo denuncia que la reforma se haya realizado aludiendo al fraude, lo que estigmatiza a los receptores, y resalta que esas ayudas apenas son factor de atracción.