Los dirigentes jeltzales han aplaudido la iniciativa Glencreen, pero han hecho oídos sordos a sus principales peticiones. Sobre todo, «el reconocimiento del daño causado y la asunción de responsabilidad» por parte de todos quienes han vulnerado los derechos humanos. Y también, el que la sociedad en su conjunto, todos y todas, hagamos una «revisión autocrítica del pasado mediante un compromiso ineludible con la verdad y la justicia».

En efecto, dichos dirigentes no ha cambiado en absoluto su actitud de pretender estar por encima del bien y del mal, declarándose libres de toda culpa en cuanto a la vulneración de derechos humanos. Según ellos, aunque aplaudan hasta con las orejas a la OTAN, no son en absoluto responsables de sus millares de «víctimas colaterales». Ni de las víctimas de la dispersión de presos políticos, aunque fueran sus principales impulsores. Ni de las víctimas de la Ertzaintza, cuya actuación bajo el mandato de Atutxa y Balza pretenden fue equiparable a la de las policías de las más ejemplares democracias; particularmente, en lo que concierne a la tortura.

Pues bien, la francesa no es que sea, ni mucho menos, la más ejemplar de las policías en lo que a la tortura se refiere, pero toda comparación con la Ertzaintza en cuanto al trato dado a los militantes vascos detenidos es en verdad odiosa. Por algo guardan esos militantes un absoluto mutismo cuando son detenidos por los franceses y en cambio se prodigan en declaraciones autoinculpatorias cuando son los ertzainas quienes les «interrogan», empleando métodos de probada eficacia para romper física y psicológicamente a los incomunicados.

La evolución de las denuncias por malos tratos y torturas contra esos ertzainas muestra hasta qué punto está subordinada su actuación al impulso político de quienes los dirigen: durante la tregua que ETA anunció en septiembre de 1998, ligada al acuerdo de Lizarra-Garazi y que duró más de un año, hubo tan solo dos denuncias contra la Ertzaintza, mientras que tanto antes como después hubo una media anual de una treintena de denuncias. Significativo, ¿no? Muy significativo, porque es bien conocido que ETA acordó esa tregua con el PNV.

El Gobierno español no tuvo ni arte ni parte en aquel acuerdo y sus torturadores no dieron entonces tregua alguna. En cambio, sí que les afectó la tregua bilateral acordada por el Gobierno y ETA en Oslo en 2006. Ese año hubo tan solo tres denuncias contra la Policía y la Guardia Civil. Una cifra exigua comparada a la habitual cincuentena de denuncias anuales a la que se volvió en cuanto se rompió la tregua. Lo cual dejó en evidencia el impulso político de esas torturas: cuando las autoridades así lo deciden su número e intensidad descienden de una manera más que obvia, y vuelven a montar en cuanto el impulso político es de signo contrario.

Tras dar por finalizada ETA a finales de 1999 la tregua acordada con el PNV, ocurrió otro tanto con respecto a la policía a las órdenes de dicho partido, y del año 2000 al 2003 fueron 112 las personas incomunicadas por la Ertzaintza que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas. Entre ellas, casos muy conocidos como el de Andoni Beroiz, Orkatz Gallastegi...

Sin embargo, como en el caso de la dispersión, a los dirigentes jeltzales les empezó a salir cada vez más caro que la Ertzaintza torturara a tantos jóvenes. La presión social contra la tortura se incrementó a ritmo acelerado y decidieron prescindir de esa infame arma por desgracia tan eficaz para arrancar confesiones tanto verdaderas como falsas a utilizar políticamente. A partir de finales del 2003, no hubo más denuncias por torturas durante cinco largos años.

Además, aprobaron importantes mociones en el Parlamento de Gasteiz instando al Gobierno español a eliminar el régimen de incomunicación. Eso sí, siempre se negaron a declarar que su Policía no iba a incomunicar nunca más. Y la razón de aquella negativa quedó muy clara cuando en marzo del 2009 la Ertzaintza a sus órdenes volvió a incomunicar y torturar a una persona, Manex Castro.

El motivo por el que tomaron esa gravísima decisión política es, en mi opinión, evidente. Tras las elecciones a realizar dos meses después pensaban formar de nuevo, como años atrás, gobierno con el PSOE y vieron necesario dar a ese partido una clara señal de que, en «política antiterrorista», estaban dispuestos a lo que fuera necesario. Y se la dieron. Bien clara. Si los dirigentes jeltzales hubiesen siquiera sospechado lo que sucedería después, Gobierno PP-PSOE, seguro que hubiesen dejado para Rodolfo Ares el triste privilegio de volver a dar luz verde a la tortura. Pero fueron ellos quien lo hicieron.

Esa es una de las razones por las que se niegan ahora con tanta rotundidad a que se constituya una Comisión de la Verdad que podría sacar a la luz sus graves responsabilidades. Y también se niegan a asumir su responsabilidad en la violación de derechos humanos y a reconocer que aquí todos y todas debemos hacer una revisión autocrítica del pasado. También ellos.