La semana que termina hoy ha reunido, por un lado, la que para muchos vascos será con toda probabilidad la mejor noticia política del año -la anulación efectiva por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la denominada «doctrina Parot»- y, por otro, la que para el 99% de la ciudadanía vasca supone la peor noticia socioeconómica posible en este momento -un nuevo recorte brutal de la mano del Gobierno español que lastrará aún más las perspectivas económicas y vitales de las familias vascas-. En un plano la crueldad sufre un varapalo y en el otro se rearma. Para muchos no habrá relación entre lo uno y lo otro, y sin embargo, son acciones de un mismo gobierno -o de su mutante de turno- y, como se ha dicho, tienen un denominador común: destilan crueldad y una capacidad inconcebible por abstraerse del dolor generado en las personas sobre las que, en principio, tienen una responsabilidad de gobernar, atender, cuidar.

La hoja de ruta de Aiete avanza

Primero fue la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional y ahora la decisión del TEDH de condenar al Estado español por retener ilegalmente a Inés del Río bajo una doctrina fabricada ad hoc y sin base jurídica. Una sentencia que es directamente aplicable a las más de sesenta personas que en este momento padecen en cárceles españolas ese injusto castigo añadido y, lo que es tanto o más grave, a la veintena de expresos que ya han cumplido esa ración extra de venganza.

Ambas cuestiones, tanto la legalización de Sortu como la ilegalización de la «doctrina Parot», son pruebas de fuego de que la nueva estrategia de los independentistas vascos puede ser eficaz si se acierta en la lectura de la hoja de ruta marcada por la Declaración de Aiete. Ese documento tiene, entre otras muchas cosas, dos pilares importantes: la unilateralidad y el apoyo internacional, bases que se soportan y refuerzan mutuamente. Es decir, a mayor unilateralidad en los parámetros de esos acuerdos, mayor apoyo internacional (y cabe pensar que también viceversa).

Entre la mano dura y el desgobierno

El punto negro, cómo no, lo pone la reacción furibunda del Gobierno del PP, que demuestra una obstinación y una falta de inteligencia política poco halagüeña. Los automatismos educados en décadas se disparan e incluso en la toma de medidas económicas se atisban tendencias autoritarias y centralizadoras.

Paradójicamente, tanto en la cuestión de los derechos humanos como en la económica, el Estado español se ve superado y obligado a ceder soberanía. En el primer caso, en el del Tribunal de Estrasburgo, esa cesión posibilita que se salvaguarden unos derechos humanos que el gobierno español viola sistemáticamente y que ningún tribunal estatal ha querido tutelar en clave jurídica.

En el segundo caso, la cesión de soberanía viene dada por el desarrollo y fracaso de un modelo económico basado en el engaño, la usura y una cultura de la ostentación y el despilfarro que, una vez desenmascarado, muestra que el Estado español no es viable tal y como fue concebido en la transición, ni en lo político ni en lo económico. Que en el desmán financiado por Europa no hubiese tutela no evita ahora la intervención. Lo grave, en todo caso, es que los gobernantes españoles quieran hacer creer que todo esto es «inevitable» o que no existen otros posibles cursos de acción. Eso es, sencillamente, mentira. Ni desde el neoliberalismo más ortodoxo se tiene claro cuál puede ser el resultado de las medidas socioeconómicas adoptadas por Mariano Rajoy, dentro de las «obligaciones» adquiridas por el Estado para salvar a su sistema bancario. Lo que nadie niega es que las consecuencias de lo que hicieron mal los banqueros y los políticos lo van a sufrir y pagar ahora las clases populares, incluidos un gran parte de los diez millones de ciudadanos que le dieron la mayoría absoluta al PP.

Desde el punto de vista vasco, y teniendo en cuenta la dimensión de la tragedia en temas como Bankia, las centenares de infraestructuras necias o los desmanes en Levante, quizá el de Nafarroa no sea el caso más escandaloso, pero su inviabilidad tal y como fue concebida para aislarla del resto de provincias vascas es un caso significativo para entender por qué, más allá de los problemas sistémicos del capitalismo o en conjunción con ellos, ese modelo no podía funcionar.

La inestabilidad, un factor a tener en cuenta

La hoja de ruta de Aiete marca la dirección y los pasos para avanzar, pero no se puede abstraer del contexto real en el que tendrá que desarrollarse. Si para la comunidad internacional la estabilidad es uno de los principios sagrados en todo movimiento con repercusiones geopolíticas -y lo que ocurre en Euskal Herria es una pieza más, pequeña pero no banal, a tener en cuenta en ese tablero internacional-, la falta de estabilidad a la que está abocado el Estado español es un elemento que hay que tener en consideración al gestionar esa hoja de ruta. La mejor garantía para acertar es, como hasta ahora, mantener el rumbo y saber maniobrar.