Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), declaró ayer, en una entrevista concedida al Grupo Noticias, que se alegra de que «alguna instancia judicial europea ponga un freno a lo que era un dislate jurídico» en referencia a la sentencia sobre la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo, dictada por el Tribunal de Estrasburgo esta semana.

En ese sentido, consideró que si bien Madrid está preparando un recurso en el que pedirá la suspensión de la sentencia «hasta que no se resuelva dicho recurso ante la gran sala del tribunal», se mostró convencida de que el Estado, en caso de que su recurso no tenga efecto, cumplirá la sentencia europea. «Si el tribunal decide que no se suspende la sentencia, no tenga duda de que el Gobierno Español lo cumplirá y de que Inés del Río no cumplirá en prisión ni un solo día mas de lo que decida el Tribunal Europeo», auguró.

En cuanto a la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de establecer la cadena perpetua revisable, Biurrun se mostró crítica, declarando que «introducir el concepto de cadena perpetua en una condena a prisión resulta muy fuerte desde el punto de vista cívico y humano». «En un Estado de Derecho que tiene previsto en su Constitución la reinserción no hay lugar para cadenas perpetuas, por muy revisables que éstas sean» analizó Biurrun. Además, consideró que «las penas que se están aplicando en delitos de terrorismo en España ya son en la práctica penas a perpetuidad».

Afán por votar

La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV también se refirió a los intentos del Gobierno Español de alterar el censo electoral, incluyendo «exiliados» por la «amenaza» de ETA.

Biurrun dijo no comprender «ese afán por votar» de las personas que se marcharon de Euskal Herria, aunque reconoció que «jurídicamente todo es posible», incluso «alterar el censo electoral». «Me consta que hay gente que se ha marchado de aquí por amenazas terroristas y me consta que hay que gente que quisiera volver», señaló la magistrada, que afirmó que «volver al lugar de origen o al que se ha vivido durante años, y del que uno se va por miedo, es un derecho».

En ese sentido, consideró que estas personas «tienen que tener determinadas ayudas para poder volver al lugar de origen» aunque matizó que «lo que no comprendo es ese afán por votar», ya que entiende que «la amenaza terrorista que ha obligado a una persona a salir de su pueblo ha truncado sus derechos en muchos sentidos, no solo en el del voto».

En cuanto al número de personas «exiliadas», Biurrun afirmó que «ni mucho menos» llegarían a las 300.000 personas, aprovechando para preguntarse «¿como determinar el censo de personas que han huido por la presión de ETA?»