Esta semana ha sido como los buenos dramas: la tensión ha ido en aumento hasta que al final se han desatado los nudos que tan trabajosamente se habían ido encadenando. Pero lo que ocurre cuando la tensión dramática va in crescendo es que se nos olvida lo que ocurrió al principio, quedándose en nuestra mente únicamente los acontecimientos más recientes. Por ello, conviene echar la vista atrás y recordar el borrador del documento que se filtró a principios de la semana, el memorando de entendimiento sobre el sector financiero. No es como para olvidarlo y merece una lectura detenida para entender lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con los bancos y cajas en el Estado español.

En dicho documento se fija un objetivo general que es el de aumentar la resistencia a largo plazo del sector bancario en su conjunto de manera que pueda volver a tener acceso a los mercados de capital. Nada que objetar sobre el fin que se busca: que el sistema bancario sea capaz de cumplir su función, es decir, dar créditos a la economía. Otra cosa es que al verlo formulado así, inmediatamente surge la pregunta: entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo hasta ahora? Y es que desde que estalló la burbuja, ha habido varias reformas que buscaban precisamente ese objetivo, pero por alguna razón no han tenido ningún éxito, si no no habría sido necesario recurrir a las instituciones europeas y al Fondo Monetario Internacional.

Una pista a ese respecto la dan los tres objetivos que cuelgan del principal. El primero de ellos dice que se tiene que proceder a una clara segregación de los activos tóxicos, es decir, que tienen que salir del balance de los bancos todos aquellos créditos relacionados con la promoción inmobiliaria. Para ello propone más adelante la creación de Compañías para la Gestión de Activos, algo así como eso que llaman «bancos malos» que, y aquí está la clave de la cuestión, comprarán a los bancos esos activos por su valor económico real a largo plazo. Es decir, que los bancos tendrán que vender esos activos por un precio que no es ni mucho menos el que pagaron en su día, lo que supondrá apuntar pérdidas en su cuenta de resultados. Es más, el documento lo dice explícitamente: «Las perdidas deberán materializarse en los bancos en el momento de la separación de esos activos». Hasta ahora, han estado mareando la perdiz con el banco malo para arriba y para abajo, con que el mercado inmobiliario no se movía y por lo tanto no se podía poner un precio objetivo a esas promociones, a ese suelo, etc. Han ocultado las pérdidas hasta que ha tenido que venir la Unión Europea y ha ordenado que se saquen a la luz todos los pufos y así pueda ver todo el mundo si los bancos son en realidad tan grandes y rollizos como parecen.

El segundo de los objetivos es de alguna manera una consecuencia del primero. Vendiendo los activos relacionados con la burbuja inmobiliaria, los bancos reducirán su exposición al ladrillo y a la vez mejorarán la claridad de sus balances, lo que les permitirá recuperar la confianza, y de esta manera podrán llegar a acuerdos con otros bancos y conseguir créditos; y a su vez, reducirán su dependencia del dinero del Banco Central Europeo. En junio, el dinero pedido por los bancos españoles llegó a un nuevo record de 337.206 millones de euros, casi tres de cada diez euros que ha prestado el Banco Central Europeo a todos los bancos de Europa. Viendo esas cantidades, no es extraño que las autoridades europeas estén preocupadas con la gestión de la crisis que se está haciendo desde Madrid.

A cuenta de esta preocupación llega el tercer objetivo explicitado en el documento: la mejora de los mecanismos de identificación del riesgo y gestión de las crisis de manera que se reduzca la probabilidad de que ocurran y, llegado el caso, que sean menos severas que la actual. Y en este aspecto, el tirón de orejas a las instituciones españolas es de los que no se olvidan fácilmente. Dicen que hay que minimizar el coste para los contribuyentes, todo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. En ese sentido, prohíbe que se paguen intereses a aquellos inversores que tienen preferentes y subordinadas, algo por lo que ha estado peleando Bankia hasta hace cuatro días, y además, apunta que supervisará la conversión de este tipo de instrumentos en deuda o capital, cuestión muy importante porque, en caso de pérdidas, se descuentan del capital, es decir, de esas inversiones.

A continuación, vuelve a la carga diciendo que hay que mejorar la legislación que protege a los clientes de los bancos prohibiendo la venta de instrumentos financieros complejos a clientes normales y corrientes. Con las preferentes y subordinadas han hecho lo que les ha dado la gana: algunas las compraron amigos poderosos y por eso quieren seguir pagando intereses, aunque esté intervenido el banco, como ha sido el caso de Bankia. Otras, sin embargo, fueron un timo a sus propios clientes y por esas no se preocupa lo más mínimo nadie, excepto, por lo que parece, las autoridades europeas.

En esta línea proponen la transferencia de determinadas competencias desde el Ministerio de Economía al Banco de España de modo que tenga poder para dar licencias y sancionar. Asimismo, plantea clarificar los poderes del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos. De estas propuestas se deduce que para cualquier observador propio o ajeno resulta más que evidente que en el Estado español, el que tenía que regular la actuación de los bancos estaba subordinado en sus decisiones al Gobierno de turno, que a su vez, hacía lo que la banca le pedía. Y así se han cometido todos los abusos y todas las tropelías de las que nos vamos enterando a medida que pasa el tiempo.

Por si todo eso fuera poco para poner colorado a cualquiera, añade el documento que para el primero de enero del año que viene no podrá haber banqueros en activo en ningún órgano de gobierno del FROB para, como dicen delicadamente, evitar potenciales conflictos de intereses. Resulta que hay banqueros que forman parte de los órganos que tienen que regular su actuación. Dicho de otra manera: en la corte de Madrid hay una mezcla de intereses públicos y privados propia de una república bananera.

Así las cosas, no es de extrañar que las instituciones europeas planteen clarificar el papel a desempeñar por las cajas de ahorros en su calidad de propietarias de bancos, proponiendo que en el futuro reduzcan su participación hasta niveles que no les permitan el control de los bancos que poseen.

Visto todo lo anterior, está claro que las instituciones europeas se han hecho una más que acertada composición de lugar de cómo se han hecho las cosas y cómo se ha llegado a esta situación catastrófica, y para arreglarla primero, y que no se repita después, quieren mantener a los políticos lo más lejos posible de los bancos y de las instituciones que los regulan. Y en la misma medida, quieren mantener a los banqueros alejados de las instituciones públicas, especialmente de las que regulan su actuación. Lo dicho, una extraordinaria radiografía de las instituciones españolas.