POLÍTICA PENITENCIARIA
La AN gana tiempo y elude aplicar la sentencia contra la «doctrina Parot»
El Pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española alarga su decisión sobre cómo aplicar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tras dos horas deliberando, los magistrados pospusieron el dictamen hasta el próximo 10 de octubre. De este modo, el tribunal de excepción gana tiempo, ya que ese mismo día se cumple el plazo para que el Estado español recurra la decisión de Bruselas, algo que todavía no ha ocurrido.
Alberto PRADILLA | MADRID
El Pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española alarga los plazos para no acatar todavía la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condenó al Estado español por la aplicación de la denominada «doctrina Parot». Los 17 magistrados reunidos ayer (al encuentro faltaron dos togados), por espacio de más de dos horas, aplazaron su dictamen hasta el próximo encuentro, que tendrá lugar el 10 de octubre. De este modo, el tribunal de excepción gana tiempo y elude cumplir con el mandato de Europa, a la espera del recurso que interpondrá el Estado español.
Precisamente, la fecha del próximo pleno coincide con el límite fijado por Estrasburgo para presentar alegaciones. Fuentes de Justicia citadas ayer por las agencias españolas daban por seguro que el recurso llegará (antes afirmaron que se presentaría sin acabar este mes), aunque por el momento siguen «estudiando» el caso.
Sobre la mesa estaba ayer el litigio de Inés del Río, cuyo recurso fue estimado por la institución europea. Sin embargo, esta decisión no afecta únicamente a ella, sino que debe sentar precedente para cerca de 70 prisioneros vascos. Ayer no trascendió ningún detalle sobre las dos horas de deliberaciones, pero todo apunta a que este es el motivo de que el tribunal de excepción español opte por dejar correr el tiempo antes de tomar una determinación. Lo contrario implicaría la salida de todos ellos.
Estrasburgo ordenó liberarla
El dictamen del tribunal europeo de Derechos Humanos es claro: el Estado español debe «poner en libertad en el plazo de tiempo más breve posible» a Del Río. Según los magistrados comunitarios, la aplicación de la doctrina 197/2006 es «irregular», al haberse aplicado de forma retroactiva, por lo que Madrid está obligado a pagar una indemnización de 30.000 euros. Inés del Río cumplió su pena en 2008. Sin embargo, los jueces españoles pretenden alargar su estancia en prisión hasta 2017. Este fue el motivo de la condena de Estrasbugo al Estado español, dictada el 10 de julio, es decir, hace ya más de dos meses. Pese a ello, la Audiencia Nacional y otros estamentos judiciales del Estado todavía se resiste a hacerla efectiva.
Los magistrados se escudan en el argumento de que la sentencia de Estrasburgo «todavía no es firme» ya que cabe la posibilidad de recurso. Esto es lo que alegaron, por ejemplo, los jueces del Tribunal Constitucional el pasado 16 de agosto, cuando mantuvieron en la cárcel a 16 prisioneros pese a la solicitud de la defensa que estos fuesen excarcelados hasta exista un posicionamiento firme.
El movimiento Herrira instó ayer al Gobierno español a acatar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y le recordó que «tarde o temprano» tendrá que hacerla efectiva. Su portavoz, Fran Balda, recordó que existen «66 presos políticos en esta situación y ponerlos en libertad es atender a derecho y a lo que dicta el Tribunal de Estrasburgo». Balda realizó estas declaraciones frente a la Audiencia Nacional española, en el momento en el que los jueces todavía se encontraban deliberando. Junto a él se desplazó hasta Madrid una representación política, social e institucional vasca, entre quienes se encontraban Manu Ugartemendia -también por parte de Herrira-, tres miembros de Aralar -entre ellos Dani Maeztu-, los diputados de Amaiur Sabino Cuadra y Jon Iñarritu y el senador Alberto Unamunzaga, Jabi Garnika del sindicato LAB, Saioa Iraola e Idoia Trenor de Bilgune Feminista, Txerra Bolinaga de Eleak y Mattin Troitiño de Etxerat.
«Mantener situaciones como la de la doctrina, los trece presos políticos con enfermedades graves que permanecen encarcelados o seguir tirando de la cuerda de la dispersión nos hace perdedores a todos», señaló Balda, quien lamentó el empecinamiento del Estado español a la hora de mantener encarcelado al preso enfermo Iosu Uribetxebarria. «Todos salimos perdiendo en ese caso. Iosu y su familia, la sociedad vasca y también el Gobierno», añadió.
Sobre los otros trece presos políticos que permanecen encarcelados a pesar de padecer graves enfermedades, el representante de Herria lamentó que la insistencia del Ejecutivo en no cumplir con la ley que permite su libertad podría provocar otro caso como el de Uribetxebarria. «Eso no es asumible para nadie, nos hace perdedores a todos», insistió.
«Muchos ojos están puestos en la sala y en el Gobierno», argumentó Balda, quien hizo hincapié en el hecho de que la sociedad vasca ha dado muestras de voluntad para «pasar de un esquema de confrontación a uno de soluciones». A.PRADILLA
