Primero fue la falta de contenedores para depositar la basura en las calles de Arkaiate, luego la inexistencia de un autobús que conectará el barrio, situado en el extremo oriental de Gasteiz, con el resto de la ciudad, y ahora cerca de 200 familias residentes en esta zona afirman ser víctimas de un sobrecoste en sus viviendas de protección oficial (VPO). Un incremento de 9.000 euros por apartamento que tendría su origen en un error cometido por el equipo del entonces alcalde Patxi Lazcoz (PSE).

En una rueda de prensa, el presidente de la asociación de vecinos Salburua Burdinbide, Ioseba Martínez de Guereñu, y Maika, una de las mujeres afectadas por el sobrecoste que no quiso facilitar su apellido, denunciaron ante los medios la situación que afrontan los propietarios de una promoción de VPO, compuesta por 188 viviendas, edificada por la constructora Sarkis Lagunketa.

Según explicaron, los vecinos implicados -a los que se deben sumar los afectados por el sobrecoste aplicado por la empresa Montenegro y Majuelo Garay- han comprobado cómo sus viviendas, adjudicadas en el año 2007, se han encarecido por la aplicación del precio correspondiente al 2008. Para Martínez de Guereñu, este coste choca con las condiciones de adjudicación de las parcelas, donde se detalla «claramente» que el importe a aplicar ha de ser el de 2007.

Falsificación documental

Esto ha despertado el malestar de los propietarios, que han optado por solicitar asistencia legal para tratar de solucionar el incremento del precio. Una difícil situación que, a su juicio, ha sido provocada por el gerente de la sociedad pública Ensanche XXI, Alfredo Piris.

Es más, los presentes denunciaron que Piris ha entregado al Ayuntamiento de Gasteiz una carta llena de «mentiras» con el fin de esconder los errores cometidos por Ensanche XXI y advirtieron de la existencia de numerosas irregularidades en la adjudicación de las parcelas. Además, acusaron a Patxi Lazcoz, como expresidente de la citada sociedad pública, de un delito de «falsedad documental».

Por último, Martínez de Guereñu criticó la postura del actual alcalde, Javier Maroto (PP), y del consejero de Urbanismo, Miguel Garnica, con el que espera reunirse hoy mismo. En ese encuentro, el presidente de la asociación Salburua Burdinbide, que acompañará a los afectados, pedirá una solución al Gobierno local y le reclamará que deje de «tirar balones fuera», sin asumir su responsabilidad.