La diputada de Hacienda, Helena Franco, y la directora de Política Fiscal, Itziar Miner, comparecieron ayer para dar a conocer los detalles del nuevo Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF) que, en caso de quedar aprobado por las Juntas Generales, entrará en vigor el 1 de enero de 2013 en sustitución del Impuesto de Patrimonio.

La diputada foral explicó que su aplicación posibilitará «una fiscalidad más equitativa», ya que gravará la riqueza «de forma efectiva y eficaz», con el fin de que contribuya «el que más tiene». Explicó que para lograr ese objetivo el IRGF cerrará las dos principales vías de elusión fiscal que se vienen utilizando por parte de quienes ostentan grandes patrimonios.

Así, y como principal novedad, desaparece el denominado «escudo fiscal», o límite conjunto con el IRPF que permitía a las grandes fortunas tributar muy por debajo de lo que les correspondería, ya que establecía un techo de pago del 60% del total de la renta declarada. La segunda vía que se cierra es la posibilidad de utilizar la exención de las actividades económicas y participaciones en empresas familiares, aunque se les aplicará una bonificación del 75%.

Eso sí, el IRGF establece nuevas exenciones para bienes cuya propiedad y uso beneficie a toda la sociedad y al medio ambiente, con un límite de 100.000 euros.

Según explicó la directora de Política Fiscal, Itziar Miner, el impuesto será aplicado a la riqueza de las personas físicas, a partir de los 700.000 euros, y además contará con una exención por vivienda habitual hasta 300.000 euros.

La tarifa tendrá cuatro tramos, aplicables según la base liquidable: a las bases de hasta 500.000 euros se les aplicará una tasa del 0,25%; entre 500.000 y 1 millón, el 0,5%; entre 1,5 y 3 millones, el 0,75%; y las superiores a 3 millones, el 1%. La base liquidable se calcula restando los 700.000 euros exentos a la base imponible, y en su caso hasta 300.000 euros por la vivienda habitual.

1,5% de los contribuyentes

Según las estimaciones de Hacienda, por el nuevo impuesto tributarán unas 6.000 personas, es decir, el 1,5% de los contribuyentes, de los cuales la mitad pagaría la tasa mínima, mientras los superiores a 3 millones de euros, que pagarán la tasa máxima, serán unas 400.

A través de esta medida se prevé recaudar un 20% más que con el Impuesto de Patrimonio actual, es decir, 6 o 7 millones más que los actuales 36 millones, gracias principalmente a la aportación de las participaciones en empresas.

Helena Franco destacó que con esta propuesta «Gipuzkoa se incorpora al grupo de países con un impuesto sobre la riqueza consolidado y serio, como pueden ser Noruega, Islandia o el Estado francés».

De momento, Bizkaia y Araba no han mostrado intención de aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Sobre este aspecto, Helena Franco señaló que ya comunicó su intención al Órgano de Coordinación Tributaria sin que el resto de instituciones haya mostrado «ninguna disposición» a abordar esta reforma.

Preguntada por la posibilidad de que pueda provocar una fuga de capitales, Helena Franco remarcó que las políticas de la Diputación «no pueden estar sometidas a determinados intereses», sino que deben contribuir a la «cohesión social» del conjunto de los ciudadanos. «Las sociedades avanzadas entienden que la contribución fiscal es necesaria para el bien de su país, y estamos convencidas de que en Gipuzkoa se va a entender la razón de ser de este impuesto», concluyó.