La policía militarizada de la Gendarmería y la Prefectura de Argentina mantenían ayer por cuarto día consecutivo las protestas para demandar mejoras salariales pese a que el Gobierno de Cristina Fernández prometió que no habrá recortes en el sueldo. La Gendarmería está a cargo de la custodia de la frontera terrestre, pero también desarrolla labores de prevención de seguridad en áreas sensibles, al igual que la Prefectura, que dejó de ser solo policía guardacostas.

El Gobierno relevó el miércoles a las cúpulas de las dos fuerzas, que nuclean juntas a más de 50.000 efectivos, luego de considerarlas responsables por una errónea aplicación de un decreto, ahora derogado.

El decreto intentaba arreglar históricas distorsiones de salarios, enmendadas recientemente por un fallo de la Corte Suprema, pero al aplicar la liquidación se introdujeron rebajas de 30% a 60% que fueron el detonante del conflicto.

Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por las repercusiones de las manifestaciones de los policías militarizados frente a las instituciones, donde se mantienen con sus uniformes pero sin armas.