Elena de la Hera y Borja Agirre, representantes de la Red Europea en contra de la Pobreza y la Exclusión Social de la CAV (EAPN), llamaron ayer a dar un impulso para la consecución de las 500.000 firmas necesarias de la Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso español de los Diputados debata sobre la «dación en pago», entre otras medidas, para hacer frente a los desahucios.

En Nafarroa este fin de semana se han presentado 8.600 firmas y en la CAV se deberían de recoger 33.000 firmas, aunque ambos portavoces de la EAPN Euskadi reconocieron que «no se ha alcanzado la cifra». No precisaron cuántas firmas restan, ya que el plazo de recogida termina a finales de octubre, porque el 5 de noviembre se tienen que registrar en el Congreso español.

En Hego Euskal Herria desde 2008, según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial, se han producido 10.997 desalojos de viviendas. Entre enero y junio de este año 2012, al día se han producido 17 desahucios en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Los portavoces de EAPN Euskadi remarcaron la necesidad de que se contemple la dación en pago como una manera de cerrar la deuda entre las personas y las entidades financieras, porque «en casi todos los casos, te despojan de tu vivienda, pero sigues manteniendo la deuda de por vida. Es injusto», dijeron. Pero también reclaman que se paralicen los desahucios y que se apliquen alquileres sociales sobre esas viviendas cuyos dueños, «por razones de la crisis económica», no pueden hacer frente a las hipotecas. Para el pago de ese alquiler «se tendría en cuenta un tope del 30% de los ingresos de la unidad familiar», precisaron.

Sin competencias

La Comisión Europea (CE) afirmó ayer que no tiene competencia para regular a nivel comunitario la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda a un banco para saldar totalmente una deuda y que el ciudadano quede liberado del pago de la hipoteca.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) examinó hoy tres reclamaciones presentadas por dos ciudadanos españoles y uno rumano, que consideraron «anticonstitucional la entrega de una vivienda a un banco por falta de pago de la hipoteca, manteniéndose a su vez la exigencia de seguir abonando el préstamo».

Los solicitantes sugirieron a cambio que los bancos acepten la dación y que el Parlamento Europeo medie para que la legislación española incluya esa posibilidad.

La Comisión de Peticiones acordó mantener abierto el caso al solicitarlo así el eurodiputado español de Izquierda Unida Willy Meyer, quien pidió poder escuchar de viva voz a los peticionarios, que hoy no participaron en la sesión. En cambio, un representante de la Comisión Europea se mostró tajante durante la sesión al señalar que la UE «carece de competencia» para intervenir en este asunto.

Recordó que los procedimientos de desahucio se ejecutan «a nivel nacional y los regula el Estado en cuestión, y lo mismo pasa con la fórmula de la dación en pago».