Es hiperconocida y de aceptación muy generalizada la definición de la persona como ser político, atribuida a Aristóteles. Sin embargo no ha tenido similar éxito ninguna de las numerosísimas definiciones de sociedad que se han ensayado a lo largo de la historia del pensamiento. Ni la Filosofía o la Antropología, ni la Sociología ni la política cuentan con una definición de sociedad humana de aceptación universal. Por el contrario, las diferentes ideologías y corrientes de pensamiento dan, cada cual desde su perspectiva, una definición diferente de sociedad, tal y como también lo hacen acerca de la libertad o de la democracia.

Pero sea cual fuere la acepción o definición de sociedad que se efectúe, es una constatación obvia que cada sociedad está formada por el conjunto de ciudadanas y ciudadanos. Habitualmente, el concepto de pueblo añade al de sociedad la permanencia en el tiempo como sujeto colectivo con algunas señas de identidad colectivas, que sean permanentes y reconocibles. Actualmente, en el siglo XXI, se opera en las sociedades modernas una progresiva acentuación de dos signos interrelacionados, la permeabilidad en las relaciones y la pluralidad en todos los órdenes, sea el identitario, el ideológico, el lingüístico, el religioso o cualquier otro.

La propuesta de transversalidad política, específicamente en relación a la diversidad identitaria, ha sido y es el principio y la respuesta más radical al hecho de la permeabilidad y la pluralidad de las sociedades actuales.

La expresión más emblemática de la transversalidad política es precisamente el constante derecho a decidir en sociedad, en tanto que la expresión más contraria a la transversalidad política es precisamente el frentismo, es decir la constitución de alianzas en virtud de las coincidencias identitarias.

El tema está adquiriendo especial relevancia en la actual campaña electoral de la CAV, por varias razones. Una, porque Patxi López trata de ensuciar el derecho democrático y humano a decidir (en cuanto afecta a la identidad personal) con la exclusión social. ¿Cómo puede decir nadie que se diga demócrata que la convivencia y el respeto a la diferencia se garantizan mejor sin decidir? ¿No se da cuenta de que la izquierda siempre ha defendido la autodeterminación y de que hasta el PSC de Pere Navarro sigue respetándolo expresamente, aunque anuncia un voto negativo en caso de realizarse la consulta en Catalunya? El peor ejemplo en esta materia es el Gobierno frentista de la CAV, que ha presidido el propio Patxi López y no debería empecinarse en su defensa, que es al fin y al cabo lo que hace.

La segunda razón por la que el debate de la transversalidad y el derecho a decidir no tiene el rigor ni la altura necesaria en la campaña electoral se debe a que el EAJ-PNV es una fuerza política recién llegada a la defensa del derecho a decidir. Ibarretxe hizo un esfuerzo de modernización de su partido, a costa de mantener a la sociedad vasca durante un quinquenio hablando del «nuevo estatus», sin aclarar de qué se trataba. Su problema fue que su partido no le seguía. Al final resultó ser un nuevo estatuto con incorporación del derecho a decidir. Ahora Urkullu habla de lo que entonces entor- peció, pero con el lenguaje críptico y ambivalente habitual. No en vano la reivindicación histórica del PNV durante cien años fue la «reivindicación foral íntegra» y lleva sólo media docena de años con la defensa del derecho a decidir.

En tercer lugar, el PP se esfuerza en mantener su mensaje cavernícola y ultranacionalista español, con el que quedará en ridículo incluso ante fuerzas como el Partido Conservador británico en cuanto se celebre el referéndum de autodeterminación de Escocia.

Aralar tiene entre sus principios el de la defensa de la pluralidad y la transversalidad y llevó dichos principios a NaBai. Lamentablemente, la marca blanca del PNV en Nafarroa confunde transversalidad con no-posicionamiento abertzale o con des-ideología, como si la sociedad navarra no fuese como las demás sociedades de nuestro tiempo.

Pues bien, la transversalidad es sin duda un principio básico de la democracia, que responde a la naturaleza plural y diversa de las sociedades modernas y cuyo recurso y referente práctico no puede ser más que el derecho a decidir. Derecho a decidir que es a la vez la actualización democrática de los derechos históricos, por cuanto la sociedad es -sea cual fuere su definición- la concreción de un pueblo en cada tiempo.