Ante la situación de crisis que vivimos, repetitivamente nos ofrecen, como única y posible salida, los programas de austeridad, que incluyen el objetivo de reducción a cualquier precio del déficit y el pago de la deuda que crece día a día. Machaconamente, los gobernantes de turno nos dicen que no hay más opciones. Sin embargo, nos mienten con cierta y descarada alevosía. Hagamos un somero repaso de algunas alternativas posibles; no quiméricas, ni tan siquiera utópicas, sino plenamente factibles hasta el punto de que se están aplicando desde hace años en la mayoría de los casos.

En diferentes aunque minoritarios espacios, se habla en los últimos tiempos de la que podríamos denominar como «salida islandesa» a la crisis. La situación que se produce en Islandia, en los momentos más álgidos de esta, se caracteriza básicamente por el desplome de la moneda, la suspensión de la actividad bursátil y la quiebra de los bancos. Todo esto lleva al país a declararse prácticamente en bancarrota y a la caída vertiginosa de uno de los niveles de desarrollo humano más alto del mundo hasta esas fechas. La respuesta de la población no se hace esperar y se fuerza la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Otras medidas tomadas pasan por la exigencia de responsabilidades a las élites financieras y políticas del país (incluyendo detenciones y encarcelamientos); la negativa a asumir la enorme deuda contraída por esas élites gobernantes, y la investigación profunda sobre las causas y responsables de la crisis. La banca es nacionalizada y se establece el referéndum como mecanismo para decisiones económicas cruciales como ejercicio real de la democracia participativa. Por último, y también en línea con lo anterior, se redactará una nueva constitución política del estado bajo control ciudadano. Con este protagonismo de la población, como sujeto político que toma decisiones (democracia participativa), y en contra de la clase política y económica tradicional que abocó al país a la bancarrota, hoy Islandia está saliendo de la crisis.

Una segunda opción sería la «salida americana». Pero no nos referimos, como algunos puedan suponer, a los EEUU, sino a la encarnada por un número importante de países latinoamericanos. Históricamente, se ha despreciado desde un convencimiento de superioridad y mucha prepotencia a este continente, considerándolo como patio trasero de las antiguas y nuevas metrópolis, ya hablemos del estado español o de los EEUU. Desde esa actitud, claramente reflejada, por ejemplo, en la mayoría de los medios de comunicación españoles, se consideraba hace unos años que estos países, presa del populismo y la demagogia e irresponsabilidad de los nuevos caudillos, se hundirían rápidamente, llevándose consigo la economía del continente. Sin embargo, en los años posteriores y hasta el día de hoy, precisamente las pruebas evidentes indican justo lo contrario. Los índices de crecimiento económico se disparan en América Latina, mientras se atrofian definitivamente en Europa. Pero lo mismo pasa con otros índices que podríamos definir como políticos, sociales y culturales. La ventaja de América aumenta ostensiblemente. En lo político se teorizan y se ponen en práctica nuevas estructuras político-institucionales como el estado plurinacional, avanzando en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos; se profundiza desde las nuevas constituciones en mecanismos que avanzan en la democracia participativa, donde la población tenga más poder que el otorgado por la simple papeleta electoral cada cuatro años. En lo social se revisan, en autocrítica continua, los postulados racistas y patriarcales para alcanzar sociedades más justas y equitativas y eliminar, entre otras, la discriminación y violencias contra las mujeres u otros sectores. En lo cultural se abren espacios para el reconocimiento de la diversidad, para nuevos caminos en la expresión personal y artística.

En el campo económico, los cambios en estos últimos años son radicales en su profundidad y radicales igualmente en su diferencia con respecto a las medidas que se toman en Europa frente a la crisis. El refortalecimiento del papel del estado en la planificación es evidente y permite un mayor control sobre las élites económico-financieras y sus actuaciones especulativas, además de planes cuyos beneficios alcancen a mayor cantidad de población. Se han producido importantes nacionalizaciones de sectores estratégicos que estaban en manos de capitales extranjeros y privados y que sus beneficios no repercutían sobre la población. Este proceso ha permitido aumentar los presupuestos del estado, eliminando el déficit y, sobre todo, orientando y aumentando la inversión hacia los sectores sociales, especialmente la educación y la sanidad. Esto está permitiendo avances que no se habían producido nunca bajo las políticas neoliberales. En definitiva, en América Latina los recortes se centran en los privilegios y no en los derechos. En Europa las élites toman el camino contrario.

Por otra parte, y sintiéndola más cercana, está la «salida griega y portuguesa» a la crisis, impuesta por los poderes económico-financieros europeos a estos países. Conocemos sus consecuencias inmediatas: empobrecimiento acelerado de la población, precarización absoluta de la vida, pérdida de derechos laborales, sociales y políticos y, proceso de desaparición de la clase media que, mayoritariamente, va engrosando ya la clase baja. Sociedades del bienestar que se habían creído alejadas de las situaciones que este trasvase implica (aunque la clase baja nunca desapareció) despiertan en la nueva pesadilla que empuja a cada vez más capas sociales hacia condiciones de pobreza. Mientras, unos pocos siguen aumentando exponencialmente sus ingresos y privilegios y la brecha con los anteriores es cada vez más parecida a un insaciable precipicio. El estado, al servicio de bancos y grandes intereses económico-financieros, se atrinchera en medidas de austeridad y de más y más recortes con la disculpa de disminuir el déficit, pero con el objetivo de acabar con todo lo que fue el llamado estado del bienestar y los derechos en él conseguidos, aunque este nunca supusiera un verdadero estado de justicia e igualdad para todas las personas. Es decir, lo descrito anteriormente se traduce en medidas de ajuste estructural, liberalización y privatización de los sectores estratégicos, limitación y reducción de derechos laborales y sociales, mayor desigualdad en el reparto de la riqueza, pérdida de capacidad de decisión política como personas y como pueblo; todo ello afectando a la mayoría de la población y abocando a una parte, cada vez más grande de esta, a la precariedad, la pobreza y la miseria.

Entonces, si de una parte se conocen las causas, los responsables y los efectos y consecuencias de la crisis y, de otra parte, se conocen otras alternativas posibles, ¿por qué la clase política tradicional sigue optando por asumir la salida griega y portuguesa con sus graves consecuencias para la mayoría de la población? Esa es la pregunta. La respuesta, seguramente, tiene que ver con que no es la clase política la que en realidad manda y su capacidad está supeditada (cordialmente sumisa, con su acuerdo) a la élite económico-empresarial y financiera, a los mercados (consejos de dirección y de administración de las grandes empresas y de la banca). Articulan medidas que saben agravan la crisis para que con la disculpa de esta se puedan seguir eliminando derechos adquiridos por la lucha de décadas. El recientemente fallecido historiador británico Eric Hobsbawm definió en pocas palabras los objetivos últimos que pretenden con «las salidas» a la crisis que están articulando estas élites económicas y políticas. En sus palabras: «Detrás de los distintos recortes que se sugieren en este momento, y que tienen la justificación de librarse del déficit, claramente parece haber una demanda ideológica sistemática de deconstruir, semiprivatizar, los viejos acuerdos, ya se trate del sistema de pensiones, la asistencia social, el sistema escolar o incluso el de la salud».

Dicho con otras palabras, también ya escuchadas en muchos espacios de protesta, se pretende mantener la economía y la política al servicio de los mercados y no al de las personas y pueblos. Por lo tanto, la otra pregunta importante entonces es: ante las salidas y alternativas descritas para la crisis, ¿cerraremos los ojos y permitiremos que nos sigan imponiendo la «griega y portuguesa» o, por el contrario, tomaremos consciencia de nuestras capacidades, derechos y poder, y articularemos otras opciones, otros caminos propios, tal y como están haciendo distintos pueblos en Islandia o en América Latina?