Donostia denuncia que Kutxabank le niega financiación para construir VPO
En 2006, el Ayuntamiento de Donostia y Kutxa firmaron un convenio para que la caja construyese 48 VPO de alquiler en Berio. Seis años después, Kutxabank no quiere edificarlas en esas condiciones y tampoco concede financiación para que lo haga el Consistorio.
Imanol INTZIARTE |
El Ayuntamiento de Donostia aseguró ayer que Kutxabank le ha cerrado el grifo de la financiación económica para cualquier proyecto inmobiliario que quiera emprender, pese a ser el Consistorio una de las entidades fundadoras de la caja.
Según explicaron el alcalde Juan Karlos Izagirre y el concejal de Urbanismo Ricardo Burutaran, el origen del conflicto se remonta al convenio que firmaron en 2006 Kutxa y el Ayuntamiento respecto a una parcela que la entidad de ahorro posee en Goienetxe, en la parte alta de Berio.
El acuerdo contemplaba una recalificación del terreno por parte municipal, de suelo de equipamiento a suelo residencial, y a cambio Kutxa -a través de un proyecto de Obra Social denominado Etxegi XXI- se comprometía a la construcción de 96 viviendas, de las cuales la mitad serían VPO de alquiler para jóvenes durante un periodo de 15 años. En noviembre de 2006, el Pleno municipal aprobó por unanimidad la tramitación del expediente urbanístico.
Dos años más tarde, en noviembre de 2008, la parcela volvió a salir a la palestra como uno de los compromisos adquiridos por Kutxa a cambio de la recalificación de los terrenos donde se ubicaba el antiguo Oncológico, en Aldakonea.
Casi seis años después del primer convenio las viviendas siguen sin edificarse. El martes de la pasada semana, explicó Izagirre, Kutxabank -el banco donde se integró Kutxa- comunicó al Ayuntamiento que había alcanzado un acuerdo con una inmobiliaria y que «necesitaba» que las 96 viviendas fuesen «tasadas y en propiedad».
«Dos días después, el jueves, les recordamos que había un convenio, que no íbamos a cambiar nuestra política por presiones inmobiliarias y que esperábamos que esto no afectase a los compromisos que Kutxabank tiene adquiridos con la ciudad», relató el alcalde.
Segunda propuesta
Kutxabank propuso entonces que fuese el Ayuntamiento el que se encargase de construir esas 48 VPO de alquiler. «Dijimos que sí, siempre que ellos prestasen el dinero para la financiación», comentó Izagirre. En principio, la operación se tasó en 6,5 millones, que luego se redujeron a 4,2 millones por posibles subvenciones de Lakua.
Anteayer, la entidad financiera zanjó la cuestión asegurando que «no tiene intención de financiar ninguna operación inmobiliaria de este Ayuntamiento», denunció el primer edil, quien se mostró muy crítico con la actitud que Kutxabank está mostrando hacia las instituciones guipuzcoanas. Izagirre sostuvo que este Gobierno no permitirá que el convenio firmado hace seis años se convierta en «papel mojado».
Izagirre recordó que los impulsores de la fusión de las cajas aseguraron que mejoraría la Obra Social y que ese fue uno de los motivos por los que el Ayuntamiento, una de las entidades fundadoras de Kutxa, dio su visto bueno.
El concejal de Participación, Axier Jaka, anunció que el Gobierno municipal ha iniciado un proceso de análisis para regular las iniciativas y consultas populares, de tal forma que su celebración no quede únicamente a discreción de la Alcaldía de turno. Los responsables del departamento elaborarán una propuesta que servirá de base para los debates, a partir de febrero, con asociaciones vecinales y otros colectivos sociales.
Josu Ruiz, portavoz del Ejecutivo local, recordó que en el arranque de legislatura se han llevado a cabo reuniones abiertas en los diferentes barrios para realizar un diagnóstico de los problemas y las necesidades. Ahora se pretende dar un «salto cualitativo» para promover y mejorar la participación.
En la vigente normativa ya se contempla la posibilidad de realizar consultas, tal y como sucedió en 2007 con la urbanización de la plaza Catalunya. El objetivo del Gobierno actual es ir más allá y desarrollar una norma en la que se especifiquen aspectos como los ámbitos de consulta, posibles contenidos, presupuesto económico, número de firmas para que se convoquen por iniciativa popular o la verificación de resultados. I.I.
El convenio contempla que Kutxa destine durante 15 años la mitad de las viviendas a alquiler social. Ricardo Burutaran indicó que si las construye el Ayuntamiento serán VPO durante al menos 50 años.
