Los casos de corrupción que copan las portadas de todos los diarios ofrecen un panorama desolador. La gente de la calle está perdiendo la escasa confianza que tenía en los responsables de los partidos e instituciones y la actividad política se ha devaluado hasta ser considerada uno de los mayores problemas de la ciudadanía.

Día tras día los medios de comunicación se encargan de ofrecernos datos en cascada sobre los casos de corrupción más sangrantes; el caso Gürtel, el caso Urdangarin, Bárcenas, el expolio de la CAN y las dietas de Barcina y demás amiguetes,... Tenemos muchos datos, y aún así nos quedamos con la impresión de que solo nos vamos a enterar de lo que quieran que nos enteremos, lo justo para que los cimientos del sistema no se resientan seriamente.

En todo caso, existe la impresión de que estos casos de corrupción se están utilizando para algo más, luchas intestinas al margen. Igual que la crisis se ha aprovechado para dar la puntilla al Estado de Bienestar, para restringir los derechos de los y las trabajadoras y para abrir un proceso de recentralización del Estado, existe la fundada sospecha de que los casos de corrupción se están utilizando para tratar de vender una imagen de la «clase política» como corrupta y que actúa exclusivamente en beneficio de su bolsillo y de las arcas de su partido.

Y como eso es así, se hace necesario actuar, y para ello rápidamente el Gobierno del PP anuncia medidas, que no son otras que las de diseñar un futuro en el que las instituciones ya no quedan en manos de los políticos (que son todos unos corruptos, se argumenta), sino en manos de técnicos, de funcionarios, tecnócratas, que tendrán capacidad para decidir cuánto y en qué gastar, independientemente de la ideología política o el programa electoral que haya elegido la ciudadanía. Esto pretende de manera indisimulada el Gobierno del PP con las medidas que anuncia de cambios en la Ley de Bases de Régimen Local, por ejemplo: disminución de número de concejales, eliminación de municipios...

Pero la afirmación de «todos los políticos son iguales», por otra parte entendible desde el hartazgo que invade a la ciudadanía, es falsa, es interesada, y oculta que hay otro modelo de hacer política. No es cierto que el poder corrompa de por sí. Hay formaciones políticas de dilatada trayectoria que nunca nos hemos visto salpicadas por la más mínima sombra de duda.

La corrupción está en la raíz del modelo de gobierno de algunos partidos políticos. Incluso el más simple análisis superficial concluye que nadie regala nada, ni un Jaguar, ni un bolso de marca, ni un traje, si no espera recibir algo a cambio. En el mismo orden de cosas, no hay que ser un lince para aventurar que ninguna empresa hace una donación a un partido político que gobierna una institución, si no espera recibir alguna contraprestación.

La mayoría de las tramas de corrupción nos llevan a empresarios, constructores en demasiados casos, amigos de los políticos corruptos, y a las noticias nos remitimos. Y hablando de empresas constructoras y de nuestras instituciones, otra costumbre arraigada en España y que aquí alguno no tiene empacho en copiar, es el de las desviaciones presupuestarias en las adjudicaciones de obras públicas, es decir, obras adjudicadas de manera presuntamente legal, todo dentro del pertinente expediente inmaculado, en las que el precio final excede muy ampliamente (en ocasiones lo duplica) el precio inicialmente adjudicado, lo cual lleva a otra pregunta ¿Cómo se entiende que aquellas empresas que hacen tan mal sus previsiones no solo no reciben sanciones de las instituciones sino se vean recompensadas con más adjudicaciones?

Y de esos casos tenemos un par de ellos por aquí: los inasumibles sobrecostos en la construcción de la AP1, los desfases en Bidegi, por ejemplo. En ese tipo de casos, cabe preguntarse cómo de agradecido puede llegar a ser un constructor que factura a una institución pública un 48% más de lo pactado.

Si a este juego de intereses unimos un sistema de partidos políticos que contempla la donación como instrumento de financiación opaco y posibilita el cambio de favores, nos encontramos un panorama negro.

Un escenario descorazonador pero no sólo en España, en Euskal Herria también hay un «tráfico» de donaciones que estaría bien saber si ocultan o no favores. Según se publicaba hace poco, hay un partido vasco realmente hábil a la hora de captar recursos: el PNV es el tercer partido que más dinero ha ingresado por medio de donaciones en el plazo de diez años, concretamente casi 22 millones de euros (más de tres mil quinientos millones de las antiguas pesetas), por 46.577.789 euros de CiU, y 39.185.016 del PP. En el caso del PNV, además, la práctica totalidad de estas donaciones, el 86%, fueron anónimas.

Es decir, a nivel estatal el PNV tiene un muy honroso tercer puesto en donaciones recibi- das, después del PP y de CIU (y antes curiosa- mente que el PSOE), pero si el cálculo se hace referido al territorio en el que actúa cada partido político (Catalunya, España, CAV) y a los habitantes de estos territorios, es decir, por donaciones per cápita en función de la pobla- ción, el PNV gana por goleada: recibe 10 euros de donación por persona -tomando la CAV como su territorio «contractual»-, le sigue CiU, con 6,15 euros por persona, y el PP, mucho más lejos, 0,80 euros. Los campeones de la gestión son también campeones de la capta-ción de recursos por lo que se ve. Y sin embar-go, cuando se van de cena a un restaurante de casi 200 euros por persona con angulas incluidas, pagan la cuenta con dinero público.

Hay corrupción, es innegable, seguramente más de la que conocemos. Y mientras la sociedad asiste atónita el enriquecimiento ilícito de unos políticos que gozan de cuasi impunidad ante la justicia y son arropados por las cúpulas de sus partidos, también se oculta a la ciudadanía que hay formaciones que actúan desde la legalidad y, lo que en este caso es más importante, desde la ética.

Ética que no sólo quiere decir no robar sino también gestionar bien el dinero público, el dinero de todas y todos. Y en este punto hay muchos matices: que los y las parlamentarias -con sueldos muy superiores a la media de la sociedad- se compren su tablet, que las dietas por viaje sean ajustadas... Son temas sobre los que EH Bildu ya se ha posicionado y ha logrado cambios en situaciones consolidadas.

Los cargos públicos de EH Bildu firmamos un contrato ético con la sociedad vasca en el que, entre otras cosas, nos comprometimos con una nueva forma de hacer política, a gestionar el dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Entendemos que en esta espiral de escándalos y corruptelas, este compromiso pueda ser visto desde la desconfianza pero también es cierto que a día de hoy nadie puede decir que ni los cargos públicos de EH Bildu ni los de los partidos que formamos la coalición tengamos pecado de corrupción. No todos los políticos son corruptos, no todos están guiados por el interés y el modelo de gestión de quienes salen en los titulares día a día no es el único. Hay otro modelo de hacer política y de gestionar el dinero público. Lo estamos demostrando.