En un ejercicio de cinismo poco edificante, el Gobierno de Lakua primero agradece la disposición al diálogo de los sindicatos en la Mesa de la Función Pública para a continuación aprobar por decreto el aumento de la jornada laboral de 70.000 funcionarios. Buenas palabras que esconden una voluntad de aplicar los recortes del Gobierno español y que son un preludio de lo que está por llegar al resto de los convenios colectivos que se encuentran en situación de prórroga. Con está decisión, Lakua ha decidido romper con una conquista social -la jornada laboral de 35 horas- que en su día fue forjado por la lucha sindical y contó con un amplio consenso político. En sintonía con los recortes de Rajoy, mimetizando su decreto en materia de incapacidad temporal, el PNV ha demostrado, además, su nula disposición a respetar el ámbito vasco de negociación de las condiciones laborales.

Con el argumento de que son un mal menor para evitar un desastre mayor, aumentar la jornada, reducir el salario y el poder adquisitivo, recortar derechos y destruir conquistas sociales... están servidos en el menú por gusto y gracia del Ejecutivo de Urkullu. Ahora se ha atacado a los funcionarios públicos y es un aviso de lo que está por venir. Los derechos de los funcionarios son de todos los trabajadores. Y luchar por defenderlos, una tarea colectiva.