El Parlamento navarro ha acordado eliminar parcialmente el privilegio que tiene la Iglesia para no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles por sus propiedades. Es una iniciativa pionera en el Estado. La exención se ha levantado solo en parte, ya que la institución religiosa solo deberá pagar las tasas de los inmuebles que no estén destinados al culto. La propuesta llevaba la firma de PSN e I-E y recabó el apoyo de Bildu, Aralar-NaBai y Geroa Bai. UPN y PP votaron en contra de esta modificación en la ley. Aun así, cuando se votó la ley en su conjunto, salió adelante por unanimidad.

La norma a la que hace referencia esta decisión es el Artículo 136 de la Ley Foral 2/95 sobre las Haciendas Locales. Este punto enumera una serie de edificios que están exentos de pagar contribución y solo se han modificado tres palabras, para dividir los inmuebles de las confesiones religiosas con convenios con el Estado en dos tipos: los destinados al culto y los que no.

Se trata de solo el primer paso, una vía sobre la que empezar a trabajar. Ahora se abrirá un plazo de dos meses en los que, de no mediar un recurso, la ley tendrá que aplicarse. No obstante, esta no sería la primera vez que una ley aprobada por el Parlamento no se lleva a la práctica. En otras ocasiones, el Gobierno navarro ha aducido supuestos conflictos competenciales con el Estado. Ayer, el portavoz de UPN en la Cámara, Carlos García Adanero, ya hizo declaraciones en este sentido, señalando que el tratado del Estado español con el Vaticano es «de obligado cumplimiento para Nafarroa». García Adanero también interpreta que la nueva redacción del la Ley de Haciendas Locales tiene «claro interés ideológico».

La modificación del artículo abre el camino para que terrenos de la Iglesia y casas parroquiales contribuyan por fin a las arcas públicas. A modo de ejemplo, la catedral de Iruñea seguirá exenta de pagar impuestos, pero el Palacio del Arzobispo sí que tendrá que abonar las tasas.

Víctor Rubio, de Bildu, subrayó que la Iglesia debe pagar impuestos como «cualquier mortal» y respondió a UPN que «lo ideológico es que todos paguemos lo mismo».

Xabi Lasa, de Aralar-NaBai, subrayó que lo importante es buscar la viabilidad de los ayuntamientos y que su financiación merece un debate profundo.

Txema Mauleón, de I-E, se felicitó por haber sacado adelante la modificación y aseguró que la Iglesia no se va a «arruinar» por esta nueva norma. Recordó que la institución recibió 5.700 millones de euros del Estado español el pasado año y detalló además que Cáritas solo recibió 91 millones de todo ese dinero.

Maite Esporrín, del PSN, reconoció la labor que hace la Iglesia, pero dijo que «eso no quita para que tengan obligaciones como todos». En este sentido, remarcó que la exención de los lugares de culto se mantendrá.

Por su parte, Eloy Villanueva (PP) ve puntos complicados para que la nueva ley pueda aplicarse y ve «improcedente» que hayan aflorado «cuestiones religiosa» en el debate. A su juicio, la Iglesia ya paga impuestos.