Lakua rompe el acuerdo de las 35 horas en la Administración pública
El Gobierno del PNV hará oídos sordos a los trabajadores del sector público y aprobará este martes el aumento de la jornada laboral, entre otros recortes sociales y laborales que sufrirán los 70.000 empleados públicos. LAB calificó los recortes de «brutales»; ELA sentenció que «hace un corta y pega de los recortes del Gobierno de Madrid e impone los suyos para destruir empleo»; CCOO indicó que el objetivo es «eliminar empleo»; y UGT rechazó el «paripé del PNV».
Juanjo BASTERRA | BILBO
Los representantes de ELA, LAB, CCOO y UGT, al unísono, criticaron de forma contundente «la actitud de imposición» del Gobierno del PNV y denunciaron que «ha roto» el acuerdo y la ley de las 35 horas, aprobada en el Parlamento de Gasteiz, para el sector público con el único fin de seguir los «dictados» del Gobierno español del PP. Pidieron la retirada de esas propuestas.
Los empleados públicos se concentrarán hoy ante sus centros de trabajo para denunciar «los brutales recortes», pero ayer ELA y LAB convocaron antes de la reunión una concentración en el vestíbulo de Lakua para manifestar el rechazo a los recortes. Porque aseguraron que «estas medidas antisociales, destruirán empleo».
Las centrales sindicales aseguraron ayer, tras el encuentro con los representantes de la Administración pública, que el Gobierno de Urkullu «no ha pretendido negociar nada», sino que en poco más de una semana ha desvelado «los recortes y la ampliación de la jornada, siguiendo los pasos de Madrid».
Se aprueba el martes
El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, «adelantó que este próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará una jornada laboral anual para los empleados públicos de 1.614,5 horas frente a las 1.592 horas de 2012, lo que supondrá 22 horas más» y entrará en vigor este mes. Asimismo, el Ejecutivo ha trasladado a las centrales sindicales, que representan al conjunto de trabajadores de la Administración Pública vasca, una serie de medias para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos y adecua la reducción de los sueldos por las bajas laborales a los que el Gobierno de Madrid impone.
En materia de empleo, el Ejecutivo de Urkullu plantea la «obligatoriedad de la jubilación a los 65 años», la posibilidad de recuperar el contrato de relevo, «aunque con una vigencia de hasta el 31 de marzo»; no restringirán las sustituciones, «pero no concretan cuáles son los puestos que podrán sustituirse ni desde cuándo».
Además, advierte de que «no externalizarán servicios en los que el personal de la Administración tenga experiencia» y, entre otras actuaciones, en materia de oferta pública de empleo se trasladó la idea de que podría convocarse «si hay masa crítica en algún subsector de la Administración», pero siempre teniendo en cuenta «las limitaciones impuestas por el Gobierno español».
ELA criticó la postura del Gobierno del PNV en la Mesa General de la Función Pública porque «se ratifica en lo planteado en la primera reunión» y «rompe con su posición en la ley del Parlamento vasco de las 35 horas». A juicio de esta central sindical, «hace un `corta y pega' de los recortes de Madrid e impone sus propios recortes que suponen destrucción de empleo». El sindicato recordó que el PNV «apuesta por la política de recortes aprovechando los decretos que vienen de Madrid para dar cobertura a sus propias medidas, y pretende utilizar la mesa y a los sindicatos presentes para ello». ELA exigió «la retirada de la propuesta» y que «se respete el derecho a la negociación colectiva en el ámbito vasco sin injerencias externas ni imposiciones, así como la necesidad de defender con firmeza el autogobierno, las políticas sociales y paralizar la destrucción de empleo público».
La ampliación de la jornada «supone -a juicio de ELA- una medida de destrucción de empleo y va contra el logro social de las 35 horas». Recordó que el PNV apoyó esa ley, que fue aprobada en el Parlamento de Gasteiz en el año 2000. Para esta central, lo planteado por el Gabinete de Urkullu «es una agresión sin precedentes y de una gravedad extrema contra los trabajadores de los servicios públicos y toda la sociedad».
LAB, por su parte, también criticó esa propuesta «justo cuando hemos conocido los salvajes recortes en todos los departamentos del Gobierno de Gasteiz». Tachó de «antisociales esas propuestas» y criticó que «estas reuniones de la mesa han sido una excusa para evitar las movilizaciones, porque no se ha negociado nada». Por eso, igual que ELA, llamó a movilizarse «para frenar esos brutales recortes. Estos se miran en el espejo de Madrid».
LAB afirmó que los recortes y las medidas restrictivas en la negociación colectiva que elaboró Mariano Rajoy «son la base de actuación del PNV» y recordó que «aumentar la jornada es sinónimo de destrucción de empleo». Por lo que exigió garantizar y mantener las condiciones laborales de los trabajadores.
Compromiso de déficit
CCOO se manifestó en el mismo sentido que ELA y LAB. «Incrementar la jornada tiene com objetivo eliminar empleo público» y, a la vez, manifestó que «abre la puerta a privatizar servicios». La central sindical recordó, al término del encuentro, que «Euskadi ha cumplido con los compromisos de déficit -como ayer mismo se conoció- y, por tanto, la prioridad debe ser luchar contra el desempleo, no recortar en lo público».
La central criticó que «se carga de un plumazo el acuerdo alcanzado de 2000 de las 35 horas» y recordó que los repre- sentantes del Gobierno «solo hablaron del aumento de la jornada, de recortar en lo público., actuar solamente sobre el gasto y no sobre los ingresos».
UGT Euskadi censuró «el paripé» del PNV en la negociación de la Mesa de la Función Pública «de una semana» para «imponer recortes y destrucción de empleo público». La Federación de Servicios Públicos denunció que «el Gobierno vasco se ha plegado a los recortes del Gobierno del PP» y «ha cerrado en una semana el montaje que habían preparado para visualizar una supuesta negociacióncuando han presentado los recortes que nos impondrán».
Todos los sindicatos anunciaron una fuerte conflictividad.
Los países de la Unión Europea (UE) acordaron hoy la creación de una «garantía juvenil», una iniciativa que establece que todos los europeos menores de 26 años deben tener acceso a un trabajo, formación o prácticas «en un plazo máximo de 4 meses tras terminar sus estudios o quedar desempleados».
La medida fue respaldada por los estados miembros en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE celebrado en Bruselas, según anunció su presidenta de turno y ministra irlandesa de esa cartera, Joan Burton, al concluir el debate público. «Esperamos que esto sea una vía para ayudar a los jóvenes europeos a tener un futuro mejor», afirmó Burton y añadió que la iniciativa «demuestra el compromiso de la UE con el empleo» y con este sector de población.
Para incentivar esta contratación se destinará una partida presupuestaria comunitaria de 6.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. En el caso del Estado español, «la garantía juvenil se llevará a la práctica mediante las medidas incluidas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo recientemente impulsada por el Gobierno español», que provocará más precariedad y bajos salarios.
Ayer mismo se conocieron las cuentas de la economía española que confirman la fuerte destrucción de empleo en 2012, un 4,7% o 850.000 puestos perdidos en un año. También demuestra una fuerte caída de los salarios del 8,5% en el último trimestre, aunque los beneficios empresariales crecieron. J.B.
Colectivos sociales y asambleas de parados, apoyados por las centrales sindicales, recorrieron Bilbo por la Gran Vía, desde la plaza Moyua, donde se encuentra la subdelegación del Gobierno español hasta la del de Gasteiz. El eslogan que más se repitió fue «contra el paro , lucha obrera», que recordó a tiempos pretéritos, pero que, como explicaron quienes iban en la marcha, «o nos movemos o nos comen».
Ante la sede del Ejecutivo de Iñigo Urkullu realizaron una sentada. Pidieron unos presupuestos «justos, solidarios y participativos», porque en Bizkaia son ya 97.761 desempleados, de los 230.000 existentes en Hego Euskal Herria, con un una tasa de paro del 17,3% «donde la pobreza se agudiza, porque la pobreza real afecta ya en Bizkaia al 6,1% de la población y unas 70.000 personas sufren condiciones de exclusión social grave».
Exigieron al Gobierno de Gasteiz que «no recorte los derechos sociales más y no incluya más requisitos para el acceso a las prestaciones sociales». Porque «la pobreza ha crecido en la CAV en un 28%en los últimos cuatro años hasta alcanzar a 114.000 personas». Tras algo más de media hora de sentada se levantaron con el firme compromiso de seguir «ocupando la calle».
En Iruñea, el colectivo de parados protestó ante el Parlamento navarro «por vetarnos la entrada a los plenos y comisiones de trabajo por una protesta de 5 minutos del jueves pasado». En este sentido, reclamaron una comisión de política de empleo y aseguraron que seguirán movilizándose. J,B.
