La reacción de la gran mayoría de partidos políticos al último comunicado de ETA muestra hasta qué punto las inercias del pasado y los esquemas aprendidos resultan difíciles de alterar, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Aun cuando el discurso oficial no case con la realidad, aun cuando las palabras deban ser retorcidas y sesgadas hasta el paroxismo para parecer coherentes, los hay que prefieren recurrir al manual que adaptarse y aportar a esa nueva realidad. Su miedo al cambio les hace intentar frenarlo, mostrando soberbia en vez de humildad, lanzando reproches en vez de hacer autocrítica, intentando propagar la frustración en vez de la ilusión, actuando con irresponsabilidad en vez de con mesura.

Pero la realidad es tozuda y basta mirar un poco hacia atrás para ser conscientes de que no hay margen para la irresponsabilidad, menos aún entre los políticos vascos. En apenas dos semanas ha muerto Anjel Figueroa, preso que padecía una grave enfermedad por la que llevaba cinco años en prisión atenuada; otros dos reclusos han sido incluidos en la lista de presos gravemente enfermos; allegados de Jabi Martínez Izagirre, preso en la cárcel de Jaén a quien se le ha aplicado la doctrina 197/2006, sufrieron un accidente al volver de una visita; la situación de Xabier López Peña, preso en París, se ha complicado tras una intervención de urgencia por una grave afección cardiovascular.

Llegados a este punto, ¿no es evidente que no afrontar de manera dialogada y ordenada las consecuencias del conflicto trae y traerá más «consecuencias negativas»? ¿Acaso no consideran estos casos consecuencias «suficientemente» negativas? Si en el origen de estos hechos hay decisiones políticas, ¿no creen sus responsables que son «evitables»? Lo cierto es que de todos los escenarios negativos que se puedan dar en adelante, la gran mayoría tendrán como causa la postura inmovilista del Gobierno español. Ni el Ejecutivo francés ni los partidos vascos deberían actuar como cómplices de esa política.