LAB muestra su rechazo al decreto que da más poder a las mutuas
El Gobierno español prepara un decreto que fortalecerá a las mutuas en su decisión de conceder las altas médicas de los trabajadores. Desde hace dos décadas, se ha legislado en esa dirección que, según denuncia LAB, supondrá la privatización de una parte muy importante de la sanidad pública. Advierte, asimismo, de que las mutuas desvían al sistema público costes que ellas mismas debieran asumir.
Juanjo BASTERRA |
LAB considera que el nuevo decreto que baraja el Gobierno español en el que se regulan aspectos de gestión y control de los procesos de incapacidad temporal (bajas laborales) durante el primer año de su duración es «una vuelta de tuerca privatizadora y centralista que va a suponer una pérdida de derechos en referencia a la salud de la clase trabajadora».
A juicio de la central sindical, «van a dotar a esas asociaciones de empresarios, que son las mutuas patronales, vaciando de contenido y competencias a los sistemas públicos de salud y sus profesionales, tanto en Osasunbidea como en Osakidetza». Durante los últimos años se han ido produciendo cambios normativos a favor de las mutuas que han derivado en un empeoramiento de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
LAB se reafirma en «nuestro compromiso en el impulso y la creación de un Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social» con el objetivo de que sea la sociedad vasca «la que decida qué modelo queremos: uno o público, universal, participativo, libre de mutuas, de atención integral, donde la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo» u otro que «esté condicionado por factores económicos, por encima de los criterios de salud de las personas».
Medidas negativas
Entre las competencias que asumirán las mutuas privadas y dependientes de los empresarios se encuentran «la obligatoriedad de hacerse reconocimientos en contingencias comunes, que después las mutuas cobrarán al sistema público, lo que supondrá financiar la sanidad privada con dinero público». Otra medida regresiva para la central sindical es «la posibilidad de proponer altas médicas». En el decreto se afirma que «si la Atención Primaria del sistema público no contesta en cuatro días a la demanda de la mutua «será un alta a todos los efectos». LAB puntualiza que «hoy en día cuando pides una cita para tu medico de cabecera en muchas ocasiones te dan la cita con mas de cuatro días, por lo que el alta seria automática sin que la inspección médica de los departamentos de Sanidad pueda jugar ningún papel».
Las mutuas, por otro lado, dispondrían de «nuestra historia clínica de los servicios públicos de salud, pero no a la inversa, Osakidetza y Osasunbidea no tienen derecho a conocer nuestra historia clínica en la mutua». El Gobierno español cederá a las mutuas la capacidad de decidir, de forma definitiva, si una baja es «de origen común o profesional». Porque, si en primera instancia la mutua niega el origen laboral de una enfermedad «el trabajador solo tiene cuatro días para presentar su reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin más informes médicos que los propios utilizados por la mutua para negar el origen laboral de la patología o accidente».
Todo ello elevará lo que está sucediendo a una menor escala en la actualidad, es decir, que se producen «altas médica por decisiones económicas, sanciones por no acudir a una cita aunque se esté impedido para hacerlo, ya que al de dos días, se suspenderá la prestación económica, aunque esa persona este ingresada en el hospital. Primero suspenden la prestación y luego analizan si fue justificada la incomparecencia».
Así, este nuevo decreto de Madrid sigue «el rumbo iniciado en la década de los 90» para, «bajo sospechas infundadas de fraude», entregar «el negocio de la sanidad pública a las empresas privadas de la patronal», concluye la central.
LAB, en este caso, afirma que «podemos decir sin miedo a equivocarnos que el modelo actual que tenemos y las constantes reformas realizadas, y las que están llamando a la puerta, van hacia el camino equivocado, se ahonda en el desmantelamiento del sistema publico, avanzamos hacia un modelo centralista, privado y economicista de la salud, financiado con dinero publico que gestionan mutuas patronales».
La central describe que el nuevo decreto al que ha tenido acceso «dualiza el sistema: uno de gestión privada para trabajadoras y trabajadores en activo y el sistema público descapitalizado más cercano a la beneficencia, y en el que se les va a dar todo el poder a esas asociaciones de empresarios que son las mutuas, sin ningún control, sin perseguir el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo».
El sindicato rechaza «la excusa de que es mejor la gestión privada que la pública». Afirma que «lo que no dicen es los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de personas enfermas o secuelas evitables». Además, la central sindical que lidera Ainhoa Etxaide destaca que «existen estudios donde se determina que existe un subregistro de patologías de origen laboral». En concreto, asegura que alcanza al 64% «especialmente cuando hablamos de enfermedades mentales, respiratorias y, sobre todo, de cánceres».
Esta realidad significa que la sanidad pública está asumiendo «un sobrecoste». Según cita LAB, se calculó que más del 18% del gasto sanitario público debiera de ser asumido por las mutuas. «Osalan calculó en 106 millones solo en asistencia hospitalaria pública. Será mucho más». J.B.
LAB se reafirma en garantizar «un sistema público universal, participativo y libre de mutuas» que permita «una atención sanitaria integral», donde «la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo.
