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Fede de los Ríos

El derecho de rebelión

La deriva autoritaria que acompaña a un estado con unas instituciones herederas de una de las dictaduras más grotescas que ha visto la Historia amenaza con acabar con el mínimo atisbo de democracia formal

La profundización de la crisis económica, acrecentada por unas políticas únicamente orientadas a recuperar la caída de la tasa de ganancia del Capital, nos está abocando a una crisis social de difícil solución. El aumento de la represión como respuesta ante el descontento cada vez mayor traerá un endurecimiento de las protestas que acabará en una espiral de difícil control.

No es únicamente que, con la excusa de la crisis, asistamos al desmantelamiento del estado del bienestar (muy débil de por sí en el caso español), sino que la deriva autoritaria que acompaña a un estado con unas instituciones herederas de una de las dictaduras más grotescas que ha visto la Historia, aun impregnadas de nacional-catolicismo, amenaza con acabar con el mínimo atisbo de democracia formal.

Si el poder judicial no investiga la conculcación de derechos políticos de los ciudadanos. Si, de manera sistemática, absuelve a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la acusación de torturas a detenidos; de responsabilidad al ocasionar heridos, incluso muertos, durante sus actuaciones. Si, por el contrario, condena a nueve años de prisión por el lanzamiento de merengue contra políticos. Si mantiene en prisión a disidentes políticos con leyes creadas ad hoc mientras criminales confesos pasean a su antojo.

Si se gobierna por decreto-ley y el Parlamento no sirve para control del Gobierno; la disciplina de voto es el marchamo de los grupos parlamentarios y la ausencia de democracia la característica del funcionamiento de los partidos. Si bancos y empresarios financian sus campañas, sus estructuras, sus sobresueldos comprando, lógicamente, sus voluntades. Así la amnistía fiscal.

Si un estado apellidado social, lejos de procurar el beneficio de la mayoría de sus ciudadanos, antes bien esquilma los bienes públicos (educación, sanidad, carreteras, agua, electricidad, cajas de ahorro...) privatizándolos en beneficio de unos pocos.

Si el Estado no posee la soberanía sobre la política económica y social a aplicar para con los ciudadanos de su territorio y es una troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional quien dirige nuestras vidas.

Si la formulación que define la Constitución Española de 1978 en su artículo 1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», ha resultado un absoluto fiasco.

Si, además de un precario presente con la constante preocupación por nuestro incierto futuro y el de nuestros hijos, tenemos que aguantar las provocaciones de bravucones protofascistas. Unos que anidan en el PP llaman nazis a los desahuciados; otros, desde la judicatura, prohíben el catalán en la escuela; en el púlpito, los cuervos exigen el control de los ovarios y la cura de homosexuales.

Por todo lo anterior, no resulta difícil constatar que para acabar con este estado de cosas será necesario realizar cosas que acaben con este Estado. ¿O no?

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