Tras aflorar los escándalos de corrupción en los estados español y francés, el tema del fraude se ha colado en la agenda europea. Así, los ministros de Economía de la UE apoyaron ayer avanzar más rápido en el refuerzo de la normativa europea para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, bloqueada desde hace años por la resistencia de Luxemburgo y Austria, y actuar con «más dureza» contra los paraísos fiscales.

El fraude y la evasión suponen un coste de un billón de euros al año a los Estados miembros, según los cálculos de Bruselas. Ante esta preocupante cifra, «los Estados miembros quieren un acuerdo rápido sobre la nueva directiva del ahorro y sobre los mandatos para negociar acuerdos fiscales más duros con Suiza y otros. Quieren una aplicación más rápida de las nuevas reglas para una mayor cooperación administrativa y mejor transparencia», aseguró el comisario de Fiscalidad, Algirdas Sementa, tras participar en el Ecofin.

En esta lína, Semeta animó a los Gobiernos que «aumenten sus ambiciones» en el campo de la evasión fiscal.

Supervisor bancario

Otra figura clave en el control del fraude es el supervisor único bancario, al que Austria y Luxemburgo se han negado en reiteradas ocasiones. Durante el Ecofin, países como Holanda, Bélgica y Rumanía anunciaron que se suman al proyecto piloto de intercambio automático de información bancaria sobre no residentes lanzado por los estados español, y francés, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Polonia.

Este proyecto pretende avanzar más rápido y compartir más datos que lo que prevé la legislación de la UE. Por el momento, ya ha sido frenado por Austria, cuya ministra de Finanzas, Maria Fekter, reiteró que «luchará por el secreto bancario» y consideró que el intercambio automático de datos crearía «un cementerio de datos».