El pasado sábado, dos hijos de un matrimonio formado por reconocidos periodistas mexicanos murió a manos de un grupo armado en la ciudad de Chihuahua. Tenían 21 y 20 años. Su padre, David Páramos, está especializado en finanzas en Ciudad de México, mientras que la madre, Marta González Nicholson, es directora de un diario de información policiaca en Chihuahua.

La Procuraduría (Fiscalía) reaccionó con rapidez para desvincular estas muertes de la profesión de sus padres, una actitud que ha levantado ampollas en el país azteca. La corresponsal de Reporteros Sin Fronteras Balbina Flores calificó de «desafortunada» la decisión de la Fiscalía, mientras que la ONG Article 19 criticó que las autoridades «divulguen conclusiones sin presentar pruebas».

México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con un total de 84 periodistas muertos y 20 desaparecidos desde 2000, hechos que permanecen impunes en más de un 90%, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y Chihuahua encabeza los índices de criminalidad, factor que está propiciando que se convierta en caldo de cultivo para la proliferación de grupos paramilitares al más puro estilo colombiano. El 15 de enero de 2009, a través de un comunicado remitido a los medios se dio a conocer el Comando Ciudadano por Juárez, que dijo estar financiado por empresarios y cuyo objetivo es «terminar con la vida de los criminales que han provocado terror a los residentes de esa frontera».

Se da la circunstancia de que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe es uno de los principales asesores en materia de seguridad del gobernador de Chihuahua. Y el exjefe de la Policía colombiana, el general Oscar Naranjo, del presidente.

La larga sombra del crimen organizado así como la proliferación de grupos paramilitares y de autodefensa y la incursión de los cárteles en todas las esferas de la vida política y social evidencian una «colombianización» cada vez mayor en un Estado que, a diario, falla a los mexicanos y a sí mismo.