Horas después de producirse esta última redada, el presidente español, Mariano Rajoy, se enfrentaba en el Senado a una pregunta de Amaiur sobre la tortura. Tenía como desencadenante el informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo, conocido la pasada semana. El senador abertzale Iñaki Goioaga le preguntó si va a adoptar las recomendaciones hechas por esta institución, y de paso le recordó que los familiares de los detenidos ayer habrían sentido al menos el alivio de pensar que «aquí no los van a torturar».

En la respuesta, Mariano Rajoy recurrió al manual habitual en estos casos, con un añadido. Se refugió de nuevo en la afirmación de que las denuncias de la tortura son sistemáticas, obviando así que el CPT ha apuntado en su informe que considera veraces los relatos de diez de las once personas incomunicadas con quienes se reunió en la visita realizada en el año 2011. Entre ellas está Beatriz Etxebarria, que refirió haber sido violada en los calabozos.

Rajoy también cumplió el guión habitual en estos casos al replicar que quien practicaba torturas y muertes era ETA, alusiones que fueron coreadas con aplausos desde la bancada del PP. Concluyó diciendo que «España es una democracia, es un Estado de Derecho, rige la ley, y quienes no son demócratas son quienes han torturado y asesinado, por lo que les pido que se disuelvan, una vez más».

El presidente español sí incluyó un nuevo elemento. Se trataba de afirmar que son las sentencias de los tribunales españoles las que califican de falsas las denuncias de torturas, «y hay quien está aquí por sentencias de los tribunales que los demás respetamos y acatamos», apostilló. No aclaró si se refería a Goioaga en concreto o Amaiur en su conjunto.

La misma bancada del PP intentó intimidar a Goioaga con abucheos cuando enunció su pregunta, sin conseguirlo. Sobre todo cuando el senador enumeró la lista de vascos fallecidos por torturas en comisaría: «Joxe Arregi, Xabier Kalparsoro, Gurutze Iantzi, Mikel Zabaltza...»

Goioaga hizo ver a Rajoy que no reconocer la existencia de la tortura no es síntoma de fortaleza, sino «de la debilidad del propio Estado, además de una expresión de la quiebra del Estado de Derecho». Y subrayó que hacer justicia no pasa por indultar, ni por no investigar las denuncias, ni por usar declaraciones hechas bajo tortura.