Víctimas del franquismo comenzarán a declarar hoy por videoconferencia desde la Embajada argentina en Madrid ante la magistrada María Servini de Cubría, que desde abril de 2010 instruye la querella presentada en Argentina por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra del 36 y durante los años de dictadura franquista.

En diciembre de 2011, Servini de Cubría pidió directamente a Madrid información detallada sobre el número de fosas, de desaparecidos, de torturados, de empresas que utilizaron a presos políticos y de niños apropiados, datos que no han sido aportados por el Gobierno español.

Aunque en setiembre de 2012 suspendió por discrepancias logísticas con la Corte Suprema de Argentina el viaje que tenía programado a Euskal Herria, Madrid, Barcelona y Vigo para recabar más testimonios, la querella ha ido avanzando hasta los testimonios que hoy ofrecerán Pablo Mayoral, procesado en julio de 1975 en la misma causa que José Humberto Baena, fusilado en setiembre de ese año; Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, muerto a garrote vil en 1974 y Pedro Fausto Canales, cuyo padre fue arrojado a una fosa junto a seis compañeros. Mañana declararán Andoni Txasko, que perdió un ojo por una paliza de la Policía española el 3 de marzo de 1976; Hilda Farfante, cuya madre, maestra de profesión, permanece desaparecida desde setiembre de 1936; y María Remedios Palomo. Cinco familiares suyos fueron fusilados entre 1936 y 1937.

Para el día 16 están citados Jon Etxabe, sacerdote condenado a 50 años en el Proceso de Burgos; María Victoria Sánchez-Bravo, hermana de José Luis Sánchez, fusilado el 27 de setiembre de 1975; y Jesús Rodríguez, torturado y encarcelado a los 18 años.

«Estas videoconferencias son un paso importante. Confiamos en que tras ellas, la juez dice órdenes de captura internacional», remarcó a GARA el abogado Carlos Slepoy.