El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala podría dar a conocer hoy la sentencia contra el dictador José Efraín Ríos Montt y quien fuera su jefe de Inteligencia José Rodríguez, para quienes la Fiscalía pidió 75 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de guerra por la muerte de 1.771 indígenas ixiles. Asimismo, solicitó la revocación del arresto domiciliario de Ríos Montt por existir peligro de fuga.

El fiscal Orlando López afirmó que a lo largo del proceso, que ha sufrido múltiples altibajos por las maniobras de la defensa para dejarlo sin efecto, y de los testimonios de los 98 testigos, los informes de los peritos y los documentos aportados como pruebas, se demostró la responsabilidad de los procesado en los hechos que se les imputan.

«El Ejército mató a indígenas en una tasa ocho veces mayor a los no indígenas. El Ejército de Guatemala cometió genocidio en el área ixil, los crímenes fueron cometidos en agravio del grupo ixil, cuyos integrantes fueron considerados enemigos internos», precisó el fiscal.

Ríos Montt, de 86 años y quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue acusado por la Fiscalía de haber ordenado, autorizado e implementado los planes militares en base a los cuales el Ejército cometió el delito de genocidio en contra de los ixiles. Los militares, subrayó el fiscal, actuaron con «alevosía, premeditación, saña y menosprecio de lo ofendido» al ejecutar las operaciones criminales en contra de los ixiles.

En el proceso, la Fiscalía y los querellantes demostraron que durante el período en que Ríos Montt fue jefe de Estado, los militares a sus órdenes mataron al menos a 1.771 indígenas ixiles, añadió López.

Precisó que las acciones militares en contra de los indígenas incluyeron violaciones sexuales, torturas, destrucción y robo de viviendas y animales, los cuales son considerados en la legislación guatemalteca como delitos contra la humanidad.

Con respecto a Rodríguez, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército durante el periodo en que ocurrieron las masacres, la Fiscalía sostuvo que fue responsable de implementar los planes militares.

Ríos Montt reaccionó negando las acusaciones. «Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentará contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que evidencia mi participación», dijo ante el tribunal.

Entre los peritos que han testificado, Roberto Rosada Granados, exnegociador por parte del Gobierno (1993-95) a quien la Fiscalía solicitó que realizara un peritaje histórico sobre las operaciones militares desarrolladas en el «Triángulo Ixil», que aseguró que las operaciones del Ejército «buscaban la eliminación de esa etnia» porque «se tenía la idea de que estaba a favor del Ejército Guerrillero de los Pobres».