El acceso a un aborto legal y seguro es un derecho humano de las mujeres fundamentado, entre otros, en sus derechos a la vida, a la salud (incluidos los derechos sexuales y reproductivos), el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y el no sometimiento a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así lo marcan los estándares internacionales de derechos humanos que son rotundos al afirmar que los estados, so pena de vulnerar sus obligaciones internacionales, deben garantizar a las mujeres el acceso a abortos legales y seguros.

La experiencia demuestra que la imposición de leyes restrictivas no disminuye la práctica de los abortos, sino que únicamente consiguen que se aumente considerablemente la tasa de abortos inseguros y con ello la mortalidad materna, perjudicando especialmente a las mujeres con pocos recursos que no pueden acudir a centros de salud privados y recurren, con frecuencia, a métodos no seguros que ponen en riesgo su integridad.

Uno de los países que prohíben el aborto de manera total, El Salvador, estuvo recientemente en el punto de mira internacional por no dejar abortar a una mujer de 22 años, Beatriz, embarazada de un feto anencefálico (malformación que impide al feto sobrevivir después del parto) y diagnosticada con una enfermedad que ponía en riesgo su vida y a quién se le negó durante trece semanas un tratamiento integral en salud porque este implicaba la interrupción de su embarazo. Este es el más reciente ejemplo de cómo las leyes y las prácticas que prohíben de forma absoluta el aborto, incluso en casos de riesgo para la vida, tienen un impacto real y doloroso para la vida de estas mujeres y niñas, la de sus familias y sus comunidades.