Resulta auténticamente kafkiano, pero a la vez revelador, que en las dos últimas semanas el debate político en Euskal Herria se haya centrado en si el Concierto y el Convenio económicos deben mantenerse. Kafkiano porque se trata de un debate ajeno a este país, tan ajeno que solo uno de los 125 parlamentarios electos en las cámaras de Gasteiz e Iruñea -Gorka Maneiro, de UPyD- reivindica su supresión; uno frente a 124. Sencillamente, no hay tema, no debiera haberlo. Y paradójicamente esta discusión sobresale a la vez que sigue postergándose en la agenda política la verdadera cuestión, las aspiraciones soberanistas que hacen suyas, al menos verbalmente, 15 de los 50 parlamentarios en Iruñea y 48 de los 75 en Gasteiz; 63 entre 125 por tanto, la mitad más uno.

Pero yendo un paso más allá, más desolador todavía es comprobar que los gobernantes de Iruñea y Gasteiz que afirman defender el Convenio y el Concierto son los primeros que renuncian a sus potencialidades, las escritas y las no escritas (el «pase foral», «se acata pero no se cumple», ha sido dejado fuera de ese acervo). Dos ejemplos simultáneos se producían el martes. Por un lado, el Gobierno de Iñigo Urkullu asumía la imposición del copago sanitario por parte del Estado español (se acata) sin articular a cambio ninguna medida de compensación para la ciudadanía vasca afectada (y se cumple). Por otro, el Ejecutivo de Yolanda Barcina continuaba eludiendo denunciar el convenio de financiación del TAV pese a su incumplimiento palmario por parte del Estado (se acata) y recalcaba que seguirán construyendo ese monumento al absurdo con raíles entre Iruñea y Castejón (y se cumple).

Los dos casos traen la misma conclusión: abocados a decidir entre la mejora del bienestar de su propia ciudadanía o una relación pacífica y estable con Madrid, tanto Lakua como Iruñea han terminado sacrificando a su gente. En el asunto del copago, Urkullu y su consejero Jon Darpón tienen el agravante de reconocer sin empacho que aplicar ese recargo aparentemente indeseado rentará a las arcas de Lakua entre 16 y 20 millones de euros (el doble según otras fuentes). El del TAV entra ya en la categoría de lo directamente inexplicable, porque no se atisba en la operación más ganancia para UPN que amortizar algunos favores debidos (desde el «agostazo» al rescate por el affaire del IVA de Volkswagen). El tiempo dirá si puede haber algo más oscuro, como terminó habiéndolo en los sótanos de la CAN.

Crisis, oportunidad solo para el Estado

A estas alturas resulta bastante repulsiva la manida frase de que «tras una crisis hay una oportunidad». Pero el Estado español bien puede presumir de estar al menos buscándola. Con el librillo de la troika bajo el brazo, sus informes de expertos subcontratados y sus amenazas de apocalipsis, el Gobierno del PP no pierde tiempo. El «no hay más remedio» se impone como discurso único para reducir salarios, pensiones y prestaciones, laminar o hacer desaparecer servicios públicos, reflotar bancos, privilegiar comparativamente a sus élites cercanas... Y con ello, en el mismo paquete de justificaciones aunque sea sin conexión directa con la crisis, simplemente aprovechando el viaje, va también una ofensiva recentralizadora en toda regla, seguramente la mayor desde aquella LOAPA que puso fin a la expansión del Estado autónomico al socaire del 23-F: de la Ley Wert a la reforma del mapa local, de la persecución del delegado Urquijo a ayuntamientos euskaldunes a la reforma administrativa lanzada esta misma semana, de Ley de Acción Exterior que controla embajadas exteriores a la supresión de líneas de tren que desvertebra el territorio, y suma y sigue. Una ofensiva española en Euskal Herria cuyos objetivos se pueden resumir en tres E: empobrecer (para debilitar), españolizar (para controlar) y entretener (introduciendo debates-trampa que retrasen el problema real pendiente, que es de la soberanía).

Zafarse para no ser arrastrados

Tal situación no puede ser más sorprendente, porque precisamente lo que cabía esperar es que la crisis estructural española, que sacude absolutamente a todas sus instituciones y no parece coyuntural sino definitiva, se convirtiera en la gran oportunidad de vascos y catalanes. España probablemente no salga de esa zozobra, son demasiados los lastres que lleva encima, pero es imprescindible que Euskal Herria se zafe cuanto antes para no ser arrastrado también a pique.

Con Barcina refugiada precisamente a cobijo de un tribunal madrileño -triste papel el del gobernante que prefiere huir de sus gobernados-, con Urkullu empeñado en una disociación entre crisis económica primero y nuevo estatus después -como si fueran cuestiones que no tuvieran relación alguna-, la esperanza del aldabonazo se sitúa en la ciudadanía vasca, al fin y al cabo la pagana directa de las imposiciones estatales y las dejaciones nacionales y locales. Sus 240.000 parados, los más de 1.000 estudiantes que se quedaron sin beca este año por los recortes solo en la UPV, los miles de discapacitados navarros cada vez menos atendidos por su administración y tantos otros sectores dejados al margen de constituciones, convenios y conciertos son una punta de lanza para trasladar a los mandatarios vascos que así no, que hay otros caminos aparte del que lleva a Madrid y que no avanzar termina siendo siempre sinónimo de retroceder.