La situación jurídica de Yolanda Barcina es muy inusual. Los presidentes navarros solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo debido a su aforamiento. Aunque se emplee el término «aforamiento» a diputados, parlamentarios autonómicos o presidentes, no tiene que ver con los fueros o, al menos, no necesariamente. Simplemente es un privilegio, un blindaje jurídico suplementario que tienen los máximos representantes de la voluntad popular.

En concreto, los privilegios de los parlamentarios de Gasteiz o del lehendakari se fijaron en el Estatuto de Gernika. A ellos tampoco les juzga un tribunal ordinario. Mientras sigan en el cargo, solo les puede procesar el Tribunal Superior del País Vasco. Por eso, cuando en 2009 se intentó juzgar a Juan José Ibarretxe por dialogar con Batasuna, la foto no fue en Madrid sino en Bilbo, en el TSJPV. En Nafarroa, los privilegios legales del presidente quedaron marcados en el Amejoramiento -es decir, son la rareza dentro de la rareza-, donde se fijó que el único tribunal que puede procesar a los parlamentarios es el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y se definió un grado más de protección para la persona que presida Nafarroa, que solo rinde cuentas ante el Supremo.

La denuncia de Kontuz que inició todo el procedimiento se dirigía contra el expresidente Miguel Sanz y el último director de la entidad, Enrique Goñi. Por ello, la instrucción comenzó en un juzgado ordinario de Iruñea. Kontuz apuntó indicios de varios delitos. Uno de ellos afectaba a los representantes públicos, que es el de prevaricación por omisión y que hace referencia al hecho de no haber inspeccionado a la CAN pese a tener la obligación de hacerlo. El resto eran delitos societarios vinculados a inversiones, falsedad de cuentas y cobros indebidos. Una segunda denuncia interpuesta por UPyD provocó que la causa se partiera en dos y buena parte de ella acabara en la Audiencia Nacional (UPyD había denunciado a Banca Cívica, una entidad que ya no tenía sede en Iruñea, sino en Sevilla y que aunaba a CAN, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol). En Madrid se investiga el falseamiento de cuentas, la salida a bolsa y las inversiones «sospechosas». En Nafarroa se investigaban la falta de inspección, los pagos presuntamente ilegales (dietas de la Permanente, que la juez interpreta como sobornos) y algunas operaciones de crédito a consejeros de la caja.

A pesar de que la denuncia se dirigió contra Sanz y Goñi, la juez se dio cuenta de que Barcina tenía un papel muy importante en los supuestos pagos ilegales. No solo cobró, sino que también organizó reuniones sin contenido. Fue ella la que convocó dos reuniones en las que el secretario informó de que no había nada nuevo que informar y, automáticamente, se ingresaron 1.717 euros en las cuentas de Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya y otros 2.680 en la de Barcina. Una vez descubierto esto, la juez consideró «inevitable» que Barcina fuera imputada e interrogada. Además, la juez puso nombre y apellidos a estos pagos «ilegales»: cohecho pasivo impropio. Eso, claro está, sin perjuicio de la calificación que se dé al final de la instrucción. Dado que no puede imputar a Barcina, lo único que tiene en su mano la juez es elevar una exposición motivada al Supremo para convencer al Alto Tribunal de que continúe con las indagaciones que ella empezó. En ese punto se está actualmente.

Merece la pena explicar el motivo por el que Barcina se encuentra en esta situación. El Código Penal es una enumeración de castigos destinados a proteger posesiones, derechos, ideas... que se llaman en el argot de los letrados «bienes jurídicos». En su exposición motivada, la juez explica que el delito de cohecho impropio figura en el Código Penal para proteger el bien jurídico de «preservar la confianza pública en la deontología de los funcionarios públicos que, tanto por la lealtad debida a la Administración Pública de la que forman parte como por ejercer funciones a favor de la comunidad social que les retribuye, deben dar el máximo ejemplo de decoro e integridad». Que se llevó dinero está claro, ahora se trata de ver si lesionó la integridad de lo que representa.

El problema está en que el caso es una rareza. El Supremo no está acostumbrado a instruir (ordenar que se practiquen nuevas pruebas, hacer interrogatorios, pedir documentación...), sino a revisar sentencias que han salido de juzgados ordinarios. Además, Barcina no iría sola al Supremo, sino que el Alto Tribunal procesaría a todos los imputados (si no, se corre el riesgo de que se emitan dos sentencias distintas por los mismos hechos). Lo lógico es que el Supremo, además, no solo siga con las dietas de la Permanente, sino también con la falta de inspecciones y los créditos a consejeros (que de momento, siguen en Iruñea).

Esto ocurrirá en dos tiempos. Primero el Supremo debe declararse competente y, una vez haya asumido la causa, la puede archivar o continuar con ella. O archivar parte. Las defensas y el fiscal parecen actuar todos a una, buscando el carpetazo inmediato. Más allá de eso, el problema también tiene que ver con el tiempo. Se desconoce cuánto puede tardar el tribunal en declararse competente pero, sobre todo, es un misterio cuánto tardará en decidir si sigue con el proceso o lo archiva (para ello, debe estudiar toda la documentación que se le remita). La agencia Efe ha aventurado que la aceptación del caso se dará en unas semanas y, al menos, habrá que esperar a setiembre para que se pronuncien sobre si continúan con la investigación. Todo el mundo parece coincidir en que los jueces del Supremo están algo oxidados para estas lides, dado que algunos llevan decenios sin dirigir una instrucción. Por otro lado, si en algún momento Barcina deja el cargo, la causa puede volver a manos de la juez navarra.

Mientras tanto, la causa en la Audiencia Nacional permanece latente. Aunque la instrucción va mucho más lenta, no es para nada descartable que también el juez Eloy Velasco se vea en la misma situación que la juez de Iruñea y tenga que llamar a las puertas del Supremo. Barcina ocupó durante muchos años, y en particular de 2004 a 2010, uno de los papeles más importantes dentro de la caja. La entonces alcaldesa de Iruñea presidía el Comité de Control, que es el que se encargaba de verificar que las cuentas que presentaba la caja respondían fielmente a las situación de la entidad. Teniendo en cuenta que la CAN decía valer 1.300 millones y, dos años después, fue adquirida por 150, hay tema.

Asimismo, el hecho de que Barcina cobrara también dietas de la sociedad Hiscan Patrimonio en 2009 puede ponerle en un brete. Barcina aprobó unas cuentas fabulosas de esta sociedad (supuestamente valía 529.935.000 euros). La ahora presidenta navarra abandonó ese consejo de administración el 5 de octubre de 2010. Si hubiera aguantado dos meses más en ese consejo, tendría que haber firmado unas cuentas bien distintas, porque Hiscan pasó a valer 203 millones de euros menos. Y eso solo es el arranque.

Por otro lado, sigue sin conocerse en qué momento Barcina firmó las actas de la Permanente. Según filtraciones, podrían haberse redactado después de que este organismo ya no existiera. En ese caso podría no tratarse ya de un presunto delito cometido en la gestión de CAN, sino que interpretado como falsificación de un documento para tener algo a que agarrarse en este juicio. Estas averiguaciones también siguen, por ahora, en Iruñea.

La última noticia es que Barcina se ha buscado uno de los abogados más caros, que ha defendido a Botín, a Ybarra, a Berlusconi... Se trata del madrileño Horacio Oliva. Hasta ahora no ha necesitado de estos servicios, porque no estaba imputada. Aun así, en la querella que interpuso contra Kontuz y que acabó siendo archivada, la presidenta optó por Ruiz de Erenchun, el abogado que defiende a Miguel Sanz. Erenchun ya insinuó a un medio de comunicación que sugerirá a Barcina que tome represalias jurídicas contra la juez. Y sonó a amenaza.

Por su parte, UPN ha decidido que las minutas de los abogados corren de su cuenta y no repara en gastos. En el partido saben bien que Barcina está sacando gran provecho al paraguas de sus privilegios legales, pero son conscientes de que hay tormenta para rato.